Si vienen tiempos difíciles para cualquier consejería de la Junta, lo que se le avecina a Fomento y Vivienda es una auténtica travesía en el desierto. Desde que estalló la crisis, este departamento, que ha tenido cuatro consejeros en cuatro años, ha sido el que más ha sufrido los recortes (la inversión pública ha caído más de un 40%) para priorizar el mantenimiento de los servicios públicos. Los tiempos de inauguraciones de macrobloques de VPO o de nuevos tramos de autovía forman ya parte del pasado. Ahora toca austeridad.
Con este panorama presupuestariamente desolador tendrá que lidiar la nueva consejera, la cordobesa Elena Cortés -cuota de IU-, que se ha marcado dos objetivos: impulsar la rehabilitación y dar por fin una solución a los desahucios. Tiene una larguísima lista de asignaturas pendientes pero, si al menos lograra desatascar legalmente los desalojos de familias afectadas por los impagos, su gestión sería ya un éxito relativo.
Consciente de que tendrá un estrechísimo margen de maniobra, Elena Cortés se ha propuesto priorizar dos medidas baratas, o que al menos que no requieren mucha inversión. La primera, seña de identidad de IU en la campaña, es buscar una salida al drama de los desahucios que, según los sindicatos, se han llevado por delante a 65.000 andaluces. Este propósito no es nuevo. En 2009, el entonces consejero, Juan Espadas, anunció que la Junta compraría las viviendas de las familias que no pudieran afrontar los pagos y las convertiría en VPO para alquilarlas con opción a compra y con ayudas a los mismos beneficiarios. Economía calculó que unas mil familias se podrían ver beneficiadas. La medida nunca se puso en marcha.
El Gobierno andaluz alegó que tenía un difícil encaje legal que, a día de hoy, todavía no se ha sabido solucionar. En el terreno nacional ocurre algo parecido con la dación en pago, por la que el banco daría por saldada la deuda con el moroso al quedarse con la casa. Aunque todos los partidos están a priori de acuerdo en ponerla en marcha, requeriría de una reforma compleja de la ley hipotecaria.
El otro gran reto de la nueva consejera es potenciar la rehabilitación, un programa que todos los gobiernos ven con buenísimos ojos porque no necesita una gran inversión, da empleo inmediato en un sector duramente azotado por el paro, ayuda a la conservación de las ciudades y es, en definitiva, sostenible. En un momento en que no se construye obra nueva, los sucesivos planes de rehabilitación, que cuentan con financiación estatal, se han visto desbordados. Está por ver si Cortés pondrá en marcha otra de las claves del programa electoral de IU: sancionar a los propietarios de los miles de pisos vacíos.
deudas. La nueva consejera hereda un departamento prácticamente inmovilizado y muy endeudado que, en época de bonanza, era un escaparate perfecto de gestión. Sus antecesores pudieron hacer grandes cosas, aunque algunas de ellas están paralizadas. Los planes de la junta para rescatar el sector han fracasado. El caso más sangrante es el del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que Junta, sindicatos y empresarios diseñaron de forma ambiciosa cuando la crisis ni siquiera asomaba y que ya es papel mojado por la falta de crédito. Cortés ha admitido que lo primero que deberá hacer es reprogramar los presupuestos de su consejería que, en la práctica, viene a significar nuevos recortes.
Además de sentarse con los agentes socioeconómicos y empezar a elaborar a final de año el próximo plan de vivienda, la dirigente del PCA debe culminar la creación de los registros de demandantes de VPO, las bases de datos de los municipios para acceder a un piso protegido, y repensar una salida a las miles de casas sin vender en manos de bancos y promotores. De poco ha servido la web donde la Junta colgó las viviendas a precio más asequible, pese a que se flexibilizaron los criterios y las condiciones ventajosas de las hipotecas. La capacidad de maniobra se acorta aún más por el elevado endeudamiento de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, un organismo que, además, tiene una plantilla sobredimensionada.
Si en el apartado de vivienda el futuro inmediato se antoja sombrío, el de las obras públicas pinta negrísimo. El plan de infraestructuras se ha pospuesto una década porque sus objetivos son ahora inasumibles. Los recortes del Gobierno central, el principal inversor, han dado al traste con todos los planes. Toca priorizar, pero el Gobierno de coalición ya ha dejado claro que hará lo posible por no desmantelar el Estado del Bienestar, aunque eso se traduzca en sacrificar aún más la obra pública. Enfrente tendrá a los promotores, que alertan de un hundimiento aún mayor del empleo si no se invierte en obra pública.
Habrá que estar muy atentos al equipo que forma Cortés, una vez que su departamento se ha emancipado de urbanismo y ordenación del territorio, que pasan a Agricultura y Medio Ambiente. De momento, ha fichado como viceconsejero a José García Cebrián, abogado, experto en urbanismo e ideólogo del plan de la bicicleta en el Ayuntamiento de Sevilla. La idea de la nueva consejera es poner su departamento al servicio del ciudadano. Pero eso también cuesta dinero.
