El plazo legal para la prescripción de una deuda tributaria o de una sanción de tráfico es de cuatro años. Pero la Administración tiene mecanismos para mantenerlas vivas durante años. La Agencia de Recaudación usa estas herramientas, en lugar de dejar que caduquen de oficio. El resultado es el cobro en los últimos meses de deudas pendientes de los años 90. Entre noviembre y diciembre se han publicado en el BOP más de 16.500 embargos.
La reforma de la Agencia de Recaudación -ya transformada en la Agencia Tributaria- y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas han permitido al Ayuntamiento agilizar los trámites para permitir el cobro de multas y de perseguir a los morosos. Aunque desde la Delegación de Hacienda se afirma que no se ha iniciado ningún tipo de "procedimiento extraordinario" en 2008, sólo los expedientes difundidos públicamente a través del Boletín Oficial de la Provincia -aquellos que no ha sido posible notificar a los infractores en sus domicilios- ascienden a 141.000 en los últimos dos meses de 2008.
Entre estos casos -a los que hay que añadir los 21.000 requerimientos que se enviaron a otros tantos domicilios el pasado ejercicio- hay algunos que datan de principios de los 90, una antigüedad que contrasta con el periodo de cuatro años establecido por Ley.
El marco legal tributario recoge la posibilidad de mantener vivas las deudas durante años siempre que una de las dos partes realice trámites bien de notificación, bien de recurso. El Ayuntamiento emplea esta vía periódicamente. Según fuentes oficiales del área de Hacienda, el Consistorio considera que dejar prescribir las multas en un plazo de cuatro años sería una "dejación de funciones".
Estas mismas fuentes subrayan que en el último ejercicio no se ha realizado ningún tipo de gestión extraordinaria, aunque admiten que la cifra de notificaciones difundidas en el BOP y los requerimientos realizados en los domicilios de miles de ciudadanos ha aumentado en el último periodo de 2008.
Hay dos explicaciones. La primera, la agilización de los trámites por parte de la Agencia de Recaudación que realiza todas las fases del proceso con plazos ajustados. La segunda, la resolución de los problemas existentes en los últimos años en el negociado de multas, que han permitido que se desbloqueen miles de expedientes de infracciones de tráfico.
El PP ha denunciado a lo largo de esta semana que se cobran multas ya prescritas y ha invitado a los ciudadanos a recurrir.
