La Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y provincia, encabezada por su presidente Pedro Sánchez-Cuerda, mantuvo ayer un encuentro con la presidenta de la Plataforma Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, para «conocer de primera mano las inquietudes vecinales» en el tema de la movida nocturna y el conflicto generado a raíz de la clausura de seis establecimientos en la zona a petición vecinal.
En esta reunión, ambas partes acordaron continuar «trabajando juntos para el bien común», y asegurar «los intereses de la actividad empresarial y el derecho al descanso» que «son perfectamente compatibles». En una nota, la asociación hostelera explica que su presidente les ha trasladado a los vecinos que «los establecimientos que la asociación representa la conforman negocios tradicionales, puramente gastronómicos, que llevan décadas desarrollando su actividad sin conflicto de ningún tipo con los vecinos, antes al contrario y así nos consta, en la mayoría de los casos la relación es de amistad y colaboración». Sánchez-Cuerda aseguró a la plataforma que «estos establecimientos son en muchos casos los primeros perjudicados por fenómenos como el botellón, la competencia desleal y el incumplimiento de la normativa vigente, a lo que se une en no pocos casos que son también vecinos de la zona, por lo que conocen bien el problema». De esta forma, la plataforma reconoció esa realidad, y trasladó a la asociación su «apoyo explícito a esa hostelería que cumple la legalidad y que en no pocos casos dan seguridad al barrio y suponen un límite al avance del botellón y las concentraciones que ello genera con problemas de suciedad, ruido e inseguridad».
Ambas partes quedaron en seguir trabajando juntos, estableciendo cauces de comunicación que permitan de forma «directa e inmediata» solucionar los problemas que en su caso puedan surgir, y adoptando medidas que «redunden en el bien común de todos, en el bien entendido que los derechos e intereses de todas las partes son perfectamente compatibles como de hecho lo demuestra la relación entre muchos de los establecimientos hosteleros allí ubicados y los vecinos de la zona». El encuentro se produce después de que un grupo de bares hayan presentado hace unos días una denuncia contra los vecinos «por amenazas e injurias» y contra la Policía Local «por las coacciones» que dicen haber recibido. La denuncia pone de manifiesto que desde hace dos años «se han violado sus derechos como trabajadores, propietarios o arrendatarios legales.
