La familia de Marta necesita el cuerpo de su niña para decirle adiós y enterrar con ella un tormento inimaginable. La sociedad, que está recibiendo información al minuto -en algunos momentos por delante de los propios afectados-, demanda respuestas contundentes de la Policía y la Justicia. Ambas exigencias, legítimas y comprensibles, se han visto continuamente zarandeadas por los vaivenes de un caso que sólo difiere de otros muchos investigados y resueltos, en el hecho de que su seguimiento on-line ha añadido un formidable elemento de presión a los investigadores, al juez y a los políticos responsables de las fuerzas de seguridad. Hasta el punto de que, habiendo pruebas científicas que llevarían a la cárcel con la máxima condena a Miguel y el menor aunque no apareciera el cuerpo, existe la percepción social de que la Policía no está haciendo bien su trabajo, que hay una familia humillada por unos niñatos desalmados, que se están "cachondeando" del Estado de Derecho, tal y como declaró recientemente el padre de Marta, Antonio Del Castillo.
El mes que las fuerzas de seguridad ha estado buscando infructuosamente a la niña, unido al giro dado por Miguel al confesar que la tiraron a un contenedor de basura ha encrespado los ánimos, desorbitados con el cruel relato de cómo acabaron con su vida, al que los investigadores otorgan por primera vez una relativa veracidad. Miguel ha confesado otra vez el crimen y hasta una violación, si bien ha suavizado todos los pasajes que a él le afectan. Pero ha confesado. Y al dar esos detalles, ha metido las manos, con mayor profundidad si cabe, en la herida abierta de la familia ante los ojos de España entera. La gente no rebajará el listón de sus exigencias hasta que aparezca el cuerpo que hoy vuelven a buscar por orden del juez.
Los ciudadanos se preguntan por qué hasta ahora no se ha logrado encontrar el cuerpo, por qué unos adolescentes han tenido en jaque a las fuerzas de seguridad, cambiando a su antojo -o al de sus defensas- las versiones sin que les puedan hacer derrumbarse. La situación genera impotencia y probablemente se agrave si no aparece sangre en la navaja ni ADN de Marta en el contenedor, o si la búsqueda se eterniza como ha ocurrido en el Guadalquivir.
La Policía nunca debió decir públicamente que había un 99% de posibilidades de que estuviera en el río, por más que aún no haya descartado que la arrojaran al Guadalquivir, o en un contenedor cercano a la zona. El nuevo giro dado por el caso, que sitúa a Marta en un camión de la basura de Sevilla, ha eclipsado el trabajo policial, que a modo de las actuales series del CSI, ha logrado extraer de una habitación limpia una gran mancha de sangre invisible contaminada con el ADN de Miguel y el Cuco, algo que no hubiera sido posible hace sólo cinco años. Tal ha sido el avance de los medios y la formación técnica de los agentes. Los investigadores han encontrado sangre en la chaqueta de Miguel. Tienen pruebas testificales de la presencia del hermano mayor de Miguel y de Samuel en la casa. Han logrado pruebas técnicas telefónicas de la presencia del hermano mayor en la casa a la hora en la que murió Marta. Han comprobado que el menor llamó a Samuel para que viniera al domicilio desde una cabina de la Carretera de Carmona. Saben que la novia del hermano mayor no estuvo allí esa noche. Tienen la confesión de la menor de Camas. Y todo lo han averiguado en menos de un mes, debiendo obtener los permisos del juez, salvando las trabas burocráticas para solicitar los registros de llamadas.
Interior sostiene que el trabajo se ha hecho en el menor tiempo posible -sólo se perdieron unas horas porque se rompió el frecuenciador del ADN-, pero en el imaginario colectivo no es suficiente. La gente se sigue preguntando por qué no se detuvo a Carcaño hasta 15 días después si le tenían pinchado el teléfono desde el día siguiente. O por qué no entraron en la casa de León XIII ese día cuando la propia familia señalaba directamente a Miguel como principal sospechoso.
El Estado de Derecho, del que se estarían "cachondeando" los supuestos autores es el mismo que les protege, como a cualquier otra persona. No se les puede colgar de los pies y arrancarles la piel a tiras. Tienen derechos y hay que preservarlos. Y la Policía buscó el cuerpo donde los acusados confesaron haberlo arrojado, al igual que ahora buscarán en el vertedero y mañana tendrán que hacerlo en otro sitio si cambian la versión. La Policía buscó en descampados, vías del tren, pozos, túneles, alcantarillas... Como no tenían otra cosa, tuvieron que buscar donde confesaron.
El juez actuó con celeridad y astucia al reconstruir inmediatamente con Miguel y el menor el crimen tras la primera confesión. Aquella declaración en la que implicaron a Samuel y el hermano mayor supone una prueba preconstituida, aunque es muy probable que el hermano y Samuel terminen en la calle si no aparece el cuerpo o se localiza sin pruebas que los inculpen. De hecho, el hermano mayor ya estaría libre si hubiera reconocido desde primera hora que estaba en la casa -las 3 llamadas telefónicas que hizo lo sitúan allí- pero que no supo nada hasta que la vio muerta. Sin embargo, optó por negar su presencia, obligando a su novia a mentir diciendo que estuvo allí estudiando cuando la Policía ha comprobado que no es cierto. Eso ha provocado que el juez rechace el recurso de su defensa para ponerlo en libertad. Si eso ocurre, la familia elevará el diapasón y la sociedad volverá a rugir con razón.
Así las cosas, hay un juez discreto y diligente -que incluso abroncó a la Policía por comparecer en público- y un cuerpo policial que ha puesto en sus manos pruebas suficientes para condenar a los autores del crimen aunque no apareciera el cuerpo. La opinión pública, sin embargo, piensa que la Policía y la justicia están dando palos de ciego. La retransmisión del caso y de los escabrosos detalles agitan la conciencia social, asfixian a la familia de Marta y nos hacen navegar en un mar de dudas, embravecido por el choque continuo entre la ética y el derecho a la información.
La gente quiere respuestas, pero cuanta más información sale a la luz, mayor es la humillación para la familia y más ofendida está la sociedad. Tal nivel de crispación no parece el mejor escenario para promover reformas del código penal. ¿Si se hubiera vuelto a decretar el secreto del sumario se habría reducido el circo mediático? Quizá no hubiera llegado a la gente y la familia con la crudeza extrema que lo ha hecho, conformando un ejército de ofendidos y una familia hundida y humillada. Dejar trabajar al juez y la Policía parece ahora la mejor opción en lugar de buscar culpables, porque ya los han encontrado.
