Entre quienes pidieron pisos rebajados a cambio de la concesión de licencias a promotores, según la declaración de uno de ellos, está el concejal del Partido Estepona Manuel Reina, en libertad bajo fianza de 150.00 euros y que pedía esta rebaja en la compra de viviendas y locales en El Mirador de La Cala, y el edil de Economía y Hacienda, Juan Carlos Escribano. El promotor declaró ante el juez que esta mecánica "ha sido práctica habitual en el Ayuntamiento" y que en la promoción de El Ángel "personas relacionadas con el alcalde reservaron unos diez inmuebles para posteriormente venderlos y obtener un beneficio no vinculado al nombre de los mismos, ya que no se legarían a escriturar a sus nombres" El arquitecto que contrató fue el encargado de gestionar la licencia a través del ex jefe de Alcaldía, José Flores, también imputado, quien dijo que se solucionaría a cambio de "un apartamento" para Flores. Según su declaración, Flores -también en libertad bajo fianza de 150.000 euros-, a través del arquitecto, le pidió dinero para financiar la campaña electoral del PSOE, a lo que el empresario se negó.
También la entonces novia y actual esposa de Barrientos solicitó un descuento del 50% en la adquisición de pisos y ante su negativa amenazó al promotor con que "si ella quería, no le darían las licencias que solicitara".
En cuanto al trabajo que pidió Simón al delegado de Cepsa, Antonio López, éste reconoció que la empresa financió algún evento municipal ya que así se lo solicitaba José Flores, quien le pidió que facturara a una empresa de publicidad propiedad de otro imputado en la causa.
Las conversaciones intervenidas en el teléfono fijo de Flores revelan que éste señaló que Cepsa abonaría las facturas de las encuestas de opinión pública que se encargaron a la empresa Instituto de Marketing y Comunicación.
El sumario también revela que el ex interventor municipal desde 2006 a agosto de 2008 declaró que detectó "múltiples irregularidades en materia de contratación, personal, subvenciones, etc..." de las que advirtió a las autoridades municipales y de las que hizo informes por escrito "que han conocido tanto el alcalde como el Pleno. Indicó que su antecesor hacía "igual" que él y sus notas "están archivadas".
Un técnico de la Delegación de Playas del consistorio habló de "irregularidades" en la adjudicación de chiringuitos. La edil de Playas, Marisa Rodríguez-Pino, también imputada, le pidió que valorará los expedientes pero no estuvo de acuerdo con ellos y decía "que tenía un compromiso político con los chiringuiteros".
