La juez que investiga la fortuna oculta de Jordi Pujol ha imputado al expresidente de la Generalitat, su esposa y tres de sus hijos por indicios de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, al considerar "sospechoso" que sus fondos provengan de una herencia de más de 30 años sin documentar.
La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona cree que, de momento, no se puede vincular la fortuna de los Pujol a comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública de la Generalitat, pero apunta que "no deja de ser sospechoso el hecho de que los fondos provengan de una herencia de más de treinta años atrás sobre la que no se aporta ninguna documentación (...)".
En sendos autos, a los que ha tenido acceso Efe, la juez ha acordado citar a declarar como imputados a Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere, así como expedir una comisión rogatoria a Liechtenstein para obtener información sobre la investigación por blanqueo de capitales que un juez de ese país tiene abierta contra el expresidente catalán y averiguar si la familia dispone de cuentas en el mismo.
Cita a la esposa y tres de los hijos de Pujol porque fueron quienes, en julio pasado, regularizaron los fondos procedentes de Andorra a través del Banco de Madrid, y al expresidente catalán dado que, en su carta de confesión, se hizo responsable de esa fortuna oculta.
Para la magistrada, "la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer su importe, titularidad, origen o gestión lleva a pensar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública (...) e incluso de blanqueo de capitales si no puede esclarecerse el origen de esos fondos".
El auto admite parcialmente a trámite las querellas presentadas por Manos Limpias, Guanyem Barcelona, Plataforma x Catalunya, ICV, UPyD y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez contra los Pujol, pero descarta imputaciones de otros delitos que estas denuncias apuntan, entre ellos cohecho y tráfico de influencias.
En opinión de la juez, sostener que el dinero de los Pujol tiene origen delictivo y procede del cobro de comisiones ilegales supondría "una presunción o un salto cualitativo que no es dable hacer por el momento", dado que los delitos que apuntan esas querellas "no aparecen suficientemente acreditados ni resultan evidentes ni palpables".
En ese sentido, la magistrada recuerda que "no cabe utilizar el proceso penal para llevar a cabo la constatación de unos hechos narrados de forma genérica e imprecisa sin apoyo probatorio alguno", y advierte de que no está permitida "una investigación prospectiva".
En su auto, la instructora deja abierta la puerta a imputar al resto de miembros del clan Pujol o a terceras personas que no sean objeto de investigación por parte de otros órganos judiciales, en el caso de que se revele la existencia de otros fondos de "origen no justificado".
La magistrada acuerda en su auto remitir una comisión rogatoria a Liechtenstein, tras recordar que a través de un oficio de la Interpol se ha tenido conocimiento de la existencia de un procedimiento penal abierto por la Princely Court of Justice de ese país por sospechas de blanqueo contra el expresidente de la Generalitat.
Concretamente, la instructora pide a las autoridades de Liechtenstein que le informen de las actuaciones que tiene abiertas sobre Jordi Pujol y que realice "las gestiones oportunas con las entidades indicadas en dicho país a fin de determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre de los imputados" o en los que estos figuren como apoderados o autorizados.
También ha acordado la magistrada remitir de nuevo una comisión rogatoria a Andorra para averiguar si la familia Pujol tiene cuentas bancarias en ese país, después de que las autoridades del Principado le denegaran su primera solicitud argumentando que eran necesarios más detalles sobre los indicios delictivos que se les atribuyen.
Respecto a la comisión rogatoria a Suiza, que el país helvético denegó a la espera de recibir más concreciones sobre los delitos investigados, la juez ha desistido de remitirla de nuevo al no ser posible "cumplimentar las exigencias de las autoridades suizas porque no hay constancia de fecha, lugar, personas y modo operativo de los hechos delictivos previos al blanqueo de capitales".
Y "desde luego", reconoce la magistrada, tampoco puede indicarse cuál podría ser la conexión de los hechos investigados con el país helvético, por lo que acuerda que no cabe librar una nueva comisión rogatoria "en tanto no se pongan de manifiesto los datos necesarios para ello (...)".
En uno de sus autos, la juez ofrece acciones a la Abogacía del Estado "como posible perjudicado por los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales" atribuibles a los Pujol.
Además, ordena a las distintas acusaciones populares personadas en la causa que se pongan de acuerdo para actuar bajo una misma representación letrada, con la advertencia de que, de no hacerlo, será el letrado de Manos Limpias el que los represente por ser este sindicato ultraderechista el que presentó la primera querella.
