La independencia es el faro que debe guiar la actividad de los órganos que dependen del Parlamento, pero en la práctica es solo una "quimera". Lo es, según los expertos, por el propio sistema de elección de sus miembros, por "cuotas" que nombran los partidos, con quienes éstos asumen una "deuda". El último episodio en la Cámara de Cuentas, que ha llevado a la Fiscalía la "filtración" de un borrador interno sobre el caso de los ERE, o la condena de un consejero del Audiovisual por vejar a otro no ayudan a la imagen de imparcialidad. Los responsables de las instituciones se defienden y dicen que sobre ellos pesa la "obligación moral" de cumplir con su cometido, pero admiten que esto depende de la "profesionalidad" de cada uno.
"La teoría está muy bien. El problema está en la práctica, en la forma torticera en la que los partidos eligen a los miembros de estos organismos", asegura Xabier Coller, politólogo, sociólogo y catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Los nombramientos de los componentes del Defensor del Pueblo, el Consejo Audiovisual o la Cámara de Cuentas los aprueba el Parlamento andaluz, pero en realidad cada partido hace sus propuestas. "Es un sistema perverso", añade Coller, "porque cada partido coloca a los suyos". "Se nombran por cuotas, no por consenso", avisa. Esta fórmula hace, a su juicio, que los miembros de las instituciones se vean "en deuda" con unas siglas concretas. "La tendencia natural del ser humano es sentirse endeudado o mirar por el bien de quien te proporciona un cargo", explica.
Algo parecido opina la directora del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), Carmen Ortega, quien echa de menos una "mayor cultura de consenso". "Necesitamos un gran pacto para nombrar a independientes que trabajen por todos y no por un reparto de poder", afirma. Dice que "poner en duda la independencia de las instituciones no es bueno", pero reconoce que a los políticos se les debe exigir "responsabilidad" para no colocar en ellas a sus afines. Ortega, no obstante, considera que en Andalucía "se ha cuidado mucho" la independencia de las instituciones y que el panorama nacional está "mucho peor".
La renovación del Tribunal Constitucional sigue enquistada, aunque PSOE y PP han mostrado su voluntad de desatascarla antes del verano. Mayor bronca partidista se está viviendo con el consejo de la Radio Televisión Española (RTVE). El PSOE va a llevar al Constitucional el nuevo sistema que ha impuesto el PP para nombrar al presidente de la corporación por mayoría absoluta del Congreso, sin la necesidad del apoyo de dos tercios que se requería antes. El consenso en este asunto está totalmente roto.
En Andalucía, la renovación de sus instituciones también ha estado mucho tiempo bloqueada por la falta de acuerdo entre los partidos. Los miembros de la Cámara de Cuentas pasaron dos años en la interinidad y los del Audiovisual, casi uno. El Defensor del Pueblo está en funciones y toca reformarlo. Este último organismo, que canaliza las quejas ciudadanas, es el que más escapa a la pelea partidista, aunque cada uno de los cuatro adjuntos al Defensor haya sido elegido por una formación. "Yo no estoy metido en esa vorágine. Mi independencia está suficientemente acreditada", presume el Defensor, el sacerdote José Chamizo. En esta legislatura ha notado una "mayor politización" en la designación de sus adjuntos. "La independencia solo la puedes demostrar en la medida en que tú lo seas", señala. Chamizo, el único que hace autocrítica, admite que "a veces es muy difícil" porque los partidos "lo quieren controlar todo y deben alejarse".
La presidenta del Consejo Audiovisual, Emelina Fernández, defiende la "independencia" de las instituciones en general y de la que dirige en particular. "Doy por hecho que todas las decisiones de los miembros del Consejo van en función del bien general", sostiene. Se apoya en el hecho de que cada votación en el pleno ha tenido un resultado distinto. Asegura que en año y medio de mandato "nadie" le ha llamado para darle una directriz política y recuerda que la ley exige que los miembros de estos organismos preserven su "prestigio profesional". Pero su institución tiene un largo currículum de disputas. El primer presidente del Audiovisual, Manuel Ángel Vázquez Medel, dimitió por la bronca política y uno de sus consejeros, José María Arenzana (PP) acaba de ser condenado por vejar a su compañero Eduardo Castro, de IU. Arenzana es reincidente y ha tenido sonados encontronazos, sobre todo con consejeras nombradas por los socialistas.
informe ere. También se marchó el exconsejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, ante la paralización de la renovación del órgano. Esta institución, encargada de fiscalizar las cuentas públicas, ha protagonizado recientemente uno de sus capítulos más esperpénticos. En una rueda de prensa sin precedentes, su presidente, Antonio López, anunció que llevarían a la Fiscalía las "filtraciones interesadas" del borrador interno sobre el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo irregulares pagados con dinero público. La institución abrirá también una investigación interna para hallar al topo. El PSOE apunta a una consejera del PP, mientras que los populares acusan a Antonio López de "obstaculizar" la auditoría de una década de ayudas sociolaborales bajo sospecha.
El presidente de la Cámara de Cuentas deja claro que si "alguien en la casa ha pisoteado los elementos claves de la ética, hay que tomar medidas". Admite que el capítulo de la filtración del borrador de los ERE "ha dañado" la imagen de una institución de prestigio y señala que "nadie es independiente del todo", sino que va en el "grado de profesionalidad y de los valores de cada uno". "La normativa existe, pero depende de cómo se la tome cada uno", reitera Antonio López.
Los expertos se muestran convencidos de que la independencia de los órganos de extracción parlamentaria tiene mucho que ver con la "altura de miras" de los políticos a la hora de nombrar a sus miembros y de los "elegidos" para desempeñar su función. Eso no está escrito en ninguna ley, pero se presupone a profesionales de gran prestigio. Otra cosa es que los ciudadanos lo perciban o no.
