Conocía “la ilegalidad de la situación, sin haber adoptado durante su mandato, de 27 años aproximadamente, ninguna medida efectiva para intentar frenar la situación”. Esa es a la conclusión que llega la sentencia que condena al exalcalde de Castilblanco de los Arroyos, el independiente Manuel Ruiz Lucas, a cuatro años de inhabilitación por permitir la construcción ilegal de numerosas casas en 900 parcelas del paraje conocido como Las Minas.
El Juzgado de lo Penal número 8 condena a cuatro años y tres meses de inhabilitación al exalcalde de la localidad por un delito de prevaricación administrativa al “consentir” de manera “tácita” la construcción “indiscriminada” en Las Minas, cometiendo “una dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística” y permitiendo que se construya “mucho y mal”. Según la sentencia, Ruiz Lucas, “inevitablemente conocedor de la situación ilegal y que él mismo estaba propiciando, no realizó ningún acto ni adoptó ninguna medida efectiva para poner freno a la situación”. La jueza recuerda que al haber estado 27 años en el cargo “no se puede escudar en su falta de conocimiento”, más aún cuando él “llevaba personalmente la competencia urbanística del Ayuntamiento”. “La injusticia ha sido tan notoria que nos hallamos ante una falta de acción totalmente arbitraria y debida únicamente a la voluntad caprichosa del acusado”, añade la sentencia.
Para la magistrada el exalcalde “obvió” su responsabilidad, permitiendo las construcciones “indiscriminadas” en suelo no urbanizable, pues “hasta 2001 no existe ninguna actuación del acusado reveladora de la intención de restablecer la legalidad”. Ese año dictó un decreto de paralización de una construcción ilegal, al igual que en 2002, mientras que en 2003 dictó 30, en 2004 un total de 35, 43 en 2005 y 21 en 2006. Sin embargo, la jueza cree que actuó así “para crear una aparente legalidad, pues no consta incoado ni un solo expediente sancionador o de demolición, pese a que le constaba el incumplimiento de los decretos de paralización”. Es más, considera que durante la elaboración del PGOU, aún en trámite, “la especulación en la zona se dispara ante la expectativa de que toda la zona se recalifique como suelo urbanizable, también en parte propiciada por la propaganda electoralista del acusado”.
La sentencia recuerda, por último, el “daño ecológico” producido en la zona (con construcción de pozos ilegales), y a los ciudadanos, inmersos en procesos judiciales por sus construcciones al pensar que “no pasaría nada y que todo se iba solucionar”.
