El Gobierno israelí garantizará la defensa legal y política a cualquiera de sus militares que sea denunciado fuera del país por crímenes de guerra durante la ofensiva Plomo fundido contra la franja de Gaza, en la que murieron más de 1.400 personas.
En una resolución aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que preside Ehud Olmert, el Gobierno garantiza que no dejará a su suerte a ninguna de las personas que participaron en esa ofensiva, si algún tribunal fuera de Israel decidiera abrir una causa por este tipo de crímenes, se informó en un comunicado oficial. "Israel dará todo su apoyo a cualquier persona que haya actuado en nombre del Estado o enviada por él. Los comandantes y soldados que estuvieron en Gaza deben saber que están seguros frente a estos tribunales", afirmó Olmert al iniciar la sesión de dicho Consejo de Ministros.
Numerosos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han acusado estas últimas semanas a Israel de haber cometido crímenes de guerra en la franja de Gaza y exigieron la apertura de procesos judiciales tanto en tribunales internacionales como nacionales.
La propuesta del Gobierno hebreo parte del ministro de Defensa, Ehud Barak, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General, la nueva ley trata de hacer frente a los temores de muchos militares de ser procesados en tribunales extranjeros o ser arrestados cuando salgan de Israel. El Ministerio de Defensa ordenó a los uniformados que hayan aparecido en medios de prensa con nombre y apellido entre el 27 de diciembre y el 18 de enero, periodo de la ofensiva militar, que informen a un coordinador jurídico designado especialmente para poder alertarles de posibles demandas.
Según el mapa definido por los autoridades judiciales de Israel, los países en los que militares israelíes podrían afrontar órdenes de arresto y juicio son España, Reino Unido, Francia y las naciones nórdicas. A estos países les recomiendan no viajar hasta que se aclare la situación, a la vez que sugieren a los militares que informen de sus futuros viajes para verificar con las embajadas israelíes si existen denuncias contra ellos. Barak destacó que el Estado defenderá a todos sus militares tanto de amenazas en el extranjero como dentro de Israel, donde también hay organizaciones que exhortan a abrir un proceso por crímenes de guerra.
Mientras tanto, las autoridades egipcias comenzaron ayer la segunda ronda de negociaciones con el movimiento palestino Hamás e Israel para alcanzar una tregua más sólida, según la agencia oficial egipcia MENA. Ayer concluyó el alto el fuego de siete días decretado por Hamás.
En la reunión, presidida por Omar Suleiman, jefe de los servicios egipcios, y el dirigente de Hamás Imad al Alami, se abordó la manera de reforzar el alto el fuego vigente en la franja de Gaza. Israel pretende alcanzar un acuerdo que incluya una tregua de varios años, mientras que Hamás, según fuentes citadas por el diario en legua árabe Al Hayat, sólo acepta un periodo de no beligerancia de 12 meses.
En el encuentro estaba previsto tratar el levantamiento del bloqueo israelí contra este territorio -que comenzó en junio de 2007-, la apertura de los puestos fronterizos -incluido el de Rafah, que separa a Gaza de Egipto- y la reconciliación palestina. Al cierre de esta edición se desconocía si se había llegado a algún tipo de acuerdo, aunque las declaraciones de Hamás no auguraban nada positivo, puesto que su dirigente en el Líbano, Usama Hamdán, dijo ayer que nada detendrá la llegada de armas a los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza.
Por otra parte, una delegación de dos facciones palestinas -Hamás y Al Fatah- llegó también ayer a Egipto para participar en las negociaciones para volver al diálogo interpalestino, informó la agencia MENA. Está previsto que la delegación se reúna hoy con las autoridades egipcias, con las que tratará la iniciativa de El Cairo para conseguir una tregua en Gaza, además de participar en el diálogo con otras facciones palestinas.
