La prórroga para la aprobación del plan de reequilibrio financiero de la Junta, con un recorte de 2.700 millones al Presupuesto de 2012, le ha servido a IU para rastrear la letra pequeña del plan, hacer cuentas y encontrar alternativas al tajo que más ha soliviantado a los empleados públicos: el ahorro de 777 millones de euros en sus nóminas. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, había insistido mucho en que esta cifra era "inamovible". La contundencia de Griñán tensó aún más el diálogo entre Hacienda y los sindicatos de la Función Pública. Los representantes de los funcionarios, por unanimidad, respondieron que si no había margen para aminorar el efecto del recorte en las nóminas, tampoco habría margen para negociar con la Junta.
Pero IU ha creado un grupo de trabajo para desgranar el Presupuesto autonómico por partidas y parece haber encontrado ese margen. Antes de presentar sus alegaciones en el Parlamento al plan de ajuste, la coalición de izquierdas hará público un diseño alternativo de los recortes andaluces que reduce la cifra del tijeretazo en las nóminas "en más de cien millones de euros", explicó ayer el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, al diario El País. La coalición está recabando propuestas alternativas de diversos agentes sociales, a una media de tres al día.
La idea básica es sacar de otros capítulos del Presupuesto para que el recorte global en los salarios se quede en el entorno de los 650 millones de euros. Una de las propuestas que ya se conoce consistirá en eximir del recorte en las nóminas a todos los empleados públicos que cobran mil euros o menos. IU estima que son entre el 20 y el 25% de una plantilla de 270.000 trabajadores de la administración, aunque los sindicatos lo cifran muy a la baja.
Ahora Hacienda tendrá que analizar el encaje legal de esas alternativas con las que IU suma más de cien millones. El recorte de los salarios en el plan de reequilibrio se sustenta en varias medidas, unas del Gobierno y otras de la Junta: el aumento de la jornada laboral (de 35 a 37,5 horas semanales) es una norma impuesta por el Ejecutivo central que se traducirá en una reducción de personal interino. Además, la Junta proyecta una disminución del 5% de media en el sueldo de los funcionarios más una rebaja del 30 al 40% en las pagas extra de junio y diciembre y un 15% menos en las nóminas del personal eventual (con una reducción proporcional de las de trabajo). CSIF, CCOO y UGT ya han iniciado protestas, paros laborales, anuncios de huelga y amenazas de recursos judiciales.
Castro cree que en la Junta todavía hay "vicios y gastos innecesarios" que se pueden tocar antes de recortar las nóminas. Aboga por la eliminación de los pluses de productividad de hasta 3.400 euros que cobran altos cargos de algunas consejerías. El diputado de IU pide que devuelvan esos pluses que cobraron por última vez el pasado 5 de mayo, una semana antes de presentarse el plan de ajustes.
