El cultivo de la fresa, en el municipio de Cartaya, en Huelva.
El socio de Gobierno, IU, va a presentar al grupo socialista el primer borrador del futuro decreto-ley de patrimonio agrario andaluz, una norma prevista en el pacto de Gobierno que permitiría a la Junta expropiar fincas que lleven sin cultivar dos años como mínimo, siempre que se trate de tierras susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal. Las expropiaciones también incluirían las tierras infrautilizadas, donde no se aprovechen bien los recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos.
El uso de esos terrenos sería más tarde cedido gratuitamente a personas en paro, vecinos de la zona donde se encuentren las fincas y que, o bien tendrían que organizarse en cooperativas, o bien la cesión se articularía mediante convenios con los ayuntamientos. Para optar a las fincas, tendrían que presentar un proyecto que les obliga a renunciar al uso de semillas tratadas genéticamente y a cultivos destinados a la producción de biocombustibles. Los adjudicatarios percibirían un salario fruto de los beneficios de explotación y sus productos se comercializarían en mercados locales. Los cultivos han de ser sociales, enfocados a la creación de empleo y vinculados a las características agrícolas de la zona. En el plazo de cinco años, las cooperativas beneficiarias tendrían que demostrar que al menos el 60% de la explotación ha obtenido la certificación de agricultura ecológica.
En el borrador de IU, hecho público ayer por Europa Press, han participado organizaciones agrarias y sindicales, pero todavía no cuenta con ningún aval ni supervisión de técnicos o responsables de la Consejería de Agricultura. El departamento que dirige Elena Víboras confirma que no ha participado en este texto, y que el proyecto del banco público de tierras está aún en fase de negociación entre PSOE e IU. Con la presentación del borrador, que hoy será debatido en unas jornadas en Antequera con miembros del sector del campo andaluz, la federación de izquierdas apremia a los socialistas a sacar adelante uno de sus compromisos electorales más significativos. IU quiere hacer suya una demanda de los jornaleros que viene de muy atrás: entregar la tierra ociosa a quien pueda y quiera trabajarla, un principio elemental de la frustrada Reforma Agraria, que quedó enterrada en 2011 con la desaparición del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). La coalición quiere que el decreto-ley se apruebe antes de que finalice 2013, pero el PSOE teme que la norma sea recurrida y se estrelle en los tribunales, como ha sucedido con el decreto que permite expropiar a los bancos las viviendas de familias a punto de ser desalojadas por impagos (ley antidesahucios). En su discurso de investidura, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, reformuló la propuesta de IU, bautizándola como observatorio de tierras, algo que la coalición rechaza de plano porque incumpliriá el pacto de Gobierno.
5.000 hectáreas // Según el borrador de la norma, serían los municipios afectados quienes tendrían que proponer a la Junta la expropiación de las tierras sin cultivar. En segunda instancia también podrían solicitarlo organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca, y la decisión final dependería de un informe técnico de la Consejería de Agricultura. Pero, ¿cuántas fincas en Andalucía cumplen los requisitos de esta ley? ¿Cuántas son susceptibles de expropiación? En su primera comparecencia en el Parlamento, esta semana, Víboras habló de 5.000 hectáreas disponibles con un posible uso agrícola. IU contabiliza mucho más terreno, unas 20.000 hectáreas, de las que 10.000 podrían ser cultivadas. Se trata de fincas del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria, terrenos que la Junta ha intentado vender sin éxito. Agricultura advierte de que la mayoría de esas 22.000 hectáreas son de uso forestal. Es decir, no pueden ser cultivadas, aunque sí podrían tener otro tipo de explotación. IU propone hacer un estudio sobre las actividades a desarrollar en estos espacios, con objeto de crear empleo en la zona (dependería del visto bueno de la cartera de Medioambiente).La Junta, continúa el borrador, también podría expropiar fincas rústicas para incorporarlas al Patrimonio Agrario Andaluz (en el marco de la ley estatal de expropiaciones) si existe interés social, es decir, para solventar problemas de desempleo generalizado. Estos casos de emergencia social tendrían que pasar por el Consejo de Gobierno, que emitiría un decreto para autorizar la expropiación tras haber escuchado a municipios y agentes sociales. IU propone que la Junta ejerza el derecho de tanteo y retracto en aquellas fincas rústicas mayores de 250 hectáreas en secano y 30 en regadío, que sean objeto de subasta judicial. Para ello, Agricultura tendría que elaborar un inventario e incluir dichos terrenos en el patrimonio agrario andaluz.
Multas de 6.000 euros para quien cultive productos no ecológicos
Para el desarrollo de la ley, IU prevé incrementar el patrimonio agrícola andaluz, aportando anualmente el 0,40% del presupuesto para el rescate de fincas susceptibles de ser explotadas, creándose el fondo antilatifundista. La concesión de tierras, cuando sean cedidas a cooperativas sin ánimo de lucro, no conllevará el pago de tasas por el usufructo, aunque sí pagarán los impuestos derivados de su condición de cooperativas además de las tasas o exacciones con los que este gravada la finca. Un 5% del beneficio anual de la explotación debe destinarse al fondo antilatifundista; y un 1% de los ingresos totales obtenidos irá a para la solidaridad internacional y al apoyo de otros proyectos cooperativos locales.
También se recogen posibles sanciones de hasta 6.000 euros por el incumplimiento de la función social de la concesión, la no presentación de las cuentas anuales a la Cámara de Cuentas para su fiscalización o el cultivo de especies no enmarcadas dentro del proyecto aprobado. La Junta impulsará la creación de un banco de semillas y de un parque de maquinaria agrícola al que podrán acceder los adjudicatarios de las tierras expropiadas.
