IU quiere instar al gabinete jurídico de la Junta para que traslade al Tribunal Constitucional que el Gobierno central usó datos falsos, incluidos en el informe de la Sareb (el llamado banco malo), para justificar el recurso que paralizó la ley antidesahucios. El objetivo de esta iniciativa es, en primer lugar, que el Alto Tribunal retire la suspensión cautelar contra la norma andaluza que permite expropiar viviendas a los bancos que están a punto de desahuciar a familias en riesgo de exclusión, y en segundo lugar, que los jueces no tomen en consideración el informe del banco malo cuando les toque deliberar sobre el fondo del asunto. Como último recurso, explica IU, no descarta que el gabinete jurídico de la Junta emprenda acciones penales contra el Gobierno central por el fraude de mentir y usar documentación falsa para paralizar una ley autonómica. Esta iniciativa se va a plasmar en una proposición no de ley que el grupo parlamentario de IU va a registrar en el pleno del Parlamento, en la comisión de Fomento y Vivienda, en el Congreso y en el Senado. Se trata de una iniciativa política de un partido que forma parte del Gobierno andaluz, IU, que también dirige la consejería de Fomento y Vivienda, cuya bandera es la ley antidesahucios. No es la Junta quien de oficio pone a trabajar a su gabinete jurídico para actuar de oficio contra el Gobierno central. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios apoyándose en un contundente informe del banco malo que advertía del riesgo para el rescate financiero que podría suponer esta norma. En ese informe, la Sareb declaró estar en posesión de 911 viviendas de protección oficial en Andalucía para dimensionar así el problema que podría sufrir. Al conocer ese dato, la Junta abrió expediente sancionador al banco malo porque había incumplido dos artículos no recurridos de la norma: el que obliga a los bancos a informar de las VPO que poseen, y que les obliga a poner esas viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes. Para eludir la sanción, de casi 12 millones de euros, la Sareb emitió otro informe donde rebajó el número de sus VPO en Andalucía a 98. La Consejería de Fomento, entonces, inició los trámites para sancionar al banco malo por 120.000 euros por esta nueva cifra, pero a la vez denunció la contradicción entre la primera cifra y la segunda, que ponía de manifiesto, según IU, que el Gobierno central había mentido.
