Tras las diferencias internas surgidas por los intentos de Tussam de privatizar determinadas líneas de autobús deficitarias, el debate entre los dos socios de Gobierno se ha trasladado ahora al servicio de grúa. El PSOE inició ayer, con el respaldo del PP, el proceso para privatizar esta prestación, que fue rescatada hace seis años tras un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. Tras esta decisión hay oficialmente dos explicaciones: hay una sentencia del TSJA de 2006 ratificada luego por el Supremo que considera "ilícita" la fórmula por la que el Ayuntamiento encomendó la gestión a Tussam y de ésta pasó a Aussa -una sociedad participada por la administración local, Cajasol y el Grupo Azvi-; y, en segundo lugar, el Ayuntamiento no tiene capacidad "organizativa ni económica" para gestionar directamente el servicio. Pero el socio de Gobierno enmarca este movimiento en otro contexto: no es el primer paso que se da para privatizar servicios y reducir la capacidad de gestión directa de la Administración, una línea contraria a su programa electoral y a su discurso público.
IU votó ayer en contra, pero esquivó el debate que sí se produjo un día antes del Pleno en el marco de la reunión entre los dos socios. La federación no conocía esta medida hasta que se la encontró en el orden del día y sus planteamientos eran completamente contrarios. De hecho, tanto en el consejo de administración de Tussam como públicamente han reclamado que tanto la grúa como la zona azul pasen a ser gestionadas directamente por Tussam como una solución a su situación de quiebra. Ambos servicios no sólo generan beneficios, sino que tienen capacidad para generar más ingresos de los que ahora se logran y pueden ponerse al servicio de la empresa de transportes. La federación tiene hasta febrero para lograr detener este proceso. Y los antecedentes juegan a su favor: la privatización de las líneas de Tussam está de momento parada y la tramitación de la ordenanza municipal del servicio de grúa -que IU ya interpretó como una preparación del proceso iniciado ayer- se ha ralentizado.
La empresa de transportes es precisamente la más afectada por este proceso de privatización. La grúa les aporta al año unos dos millones de euros de ingresos, que pueden perder. Según fuentes de Tussam, la decisión de presentarse al concurso público que se convoque está tomada. Aussa intentará renovar en esta convocatoria el modelo de gestión actual, pero deberá competir con empresas del sector privado especializadas en la recogida de vehículos y ahí tendrá problemas para tener la mejor oferta, como admiten fuentes de Tussam. La empresa subraya que, de momento, la zona azul no está en peligro, pese a que se trata de un servicio público prestado por una empresa de capital privado.
Si los trámites avanzan como tiene previsto el PSOE -en este caso las áreas de Convivencia y Seguridad y de Movilidad- el concurso público para el servicio de grúa debe estar resuelto en el mes de febrero, cuando concluye el contrato suscrito entre Tussam y Aussa por siete años para la prestación de este servicio. Esta fórmula proviene de un proceso iniciado en el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín que optó por retirar la concesión a la firma Servicleop y adjudicársela temporalmente a Settex Aparki, a la que posteriormente se le retiró para convertir en público el servicio aunque prestándolo desde la sociedad Aussa. Este proceso fue denunciado por los trabajadores y el TSJA lo tildó de ilícito hace ya cuatro años.
El PP denuncia otra subvención de IU vinculada a Cedespaz
Los dos socios de Gobierno defendieron ayer la legalidad de la subvención concedida por la Fundación DeSevilla a la asociación Cedespaz que el PP considera parte de "una trama de desviación de fondos de IU", y rechazaron la propuesta de los populares para que el dinero concedido se reintegrara.
Pero el PP dio ayer un paso más en sus denuncias. Difundió otro expediente, de otra subvención distinta, aprobada por la Fundación De Sevilla en diciembre de 2009 -un año después de la de Cedespaz-. En este caso, la fundación, que tiene como objeto las ayudas de tipo social y la cooperación internacional, aprobó financiar con 41.900 euros el Proyecto Portal de Ajedrez Educativo promovido por la Fundación Cultural Rui López, de Almendralejo (Extremadura).
El PP, a través del edil Beltrán Pérez, vinculó estas ayudas a las concedidas a Cedespaz, una relación basada en un nombre: Joaquín Macías, quien formó parte de la constitución de la fundación de ajedrez y de la organización que el PP considera parte de IU. A partir de esta coincidencia, los documentos difundidos por el PP revelan que la mitad de la subvención iba destinada a personal -25.000 euros- pese a que se trataba de un portal de internet para enseñar y aprender a jugar al ajedrez. "Es un escándalo. A ver cómo se explica que financie el Ayuntamiento a esta asociación de Extremadura con más del doble del dinero que recibió el Banco de Alimentos". IU optó por no entrar al detalle de la denuncia del PP, pero sí incidió en que el proyecto nunca se ejecutó.
Según apuntaron desde la federación, aunque la partida se aprobó, el retraso en la tramitación administrativa provocó que se rebasase el plazo previsto y quedó anulada. "Todos las ayudas se ajustan a la Ley. La fundación subvenciona decenas de entidades de todo tipo y Cedespaz es sólo una de ellas", argumentó el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos.
