El Garaje Pretel anuncia su traslado a partir del próximo día 1 de enero. / J.M. Paisano
Hay mucho celo a la hora de hablar del fin de la moratoria de las rentas antiguas, que afecta a los locales comerciales arrendados antes de mayo de 1985, sobre todo en las zonas prime de la ciudad. Se pierde el blindaje que, durante 20 años, ha mantenido unos alquileres sin actualizar en áreas comerciales que han disparado el precio del suelo, lo que a partir del 1 de enero obligará a muchos negocios a echar el cierre y buscar alternativas más asequibles para continuar su actividad.
Los casos del Bazar Victoria en la calle Entrecárceles y del Garaje Pretel en el Paseo Colón son solo dos exponentes de lo que veremos a partir del nuevo año. En el primer caso, tras negociar con el propietario del local, Caixabank, ha logrado una prórroga de seis meses para buscar otra ubicación con más calma, por lo que se mantendrá donde está hasta el 30 de junio, mientras que en el segundo, su propietario informa de su traslado al número 30 de la calle Adriano.
En el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla reconocen que no se dispone de datos sobre cómo y a cuántos comercios afecta la medida en Sevilla, puesto que son contratos privados entre dos partes, pero sí hablan de los supuestos que conocen por haberles brindado su asesoramiento, y la conclusión es que «la mayor parte de los casos tiene que renunciar al local en el que se encuentran porque, salvo en contadas actividades, los negocios no generan suficientes rentas como para pagar los alquileres actualizados».
Así lo explica el presidente del Colegio, Manuel Bermudo, quien precisa que los más afectados son aquellos establecimientos ubicados en las zonas comerciales más caras de la ciudad, llamadas prime, «que verán multiplicar hasta por diez las rentas que venían pagando, lo que es imposible de soportar para muchos comercios», abunda.
Uno de esos supuestos se da en el eje conformado por las calles Tetuán, Sierpes y ODonnell, «en el que rentas de 2.000 euros pasan a ser de 20.000 euros mensuales». Son, pues, alquileres «imposibles de renegociar, sobre todo los locales que están en las mejores ubicaciones».
Y es aquí donde las multinacionales se frotan las manos a la espera de poder copar los escasos huecos en estas millas de oro, explica Bermudo, puesto que también son prácticamente las únicas que pueden soportar esos alquileres mensuales.
Los propietarios de esos locales en muchas ocasiones no están siquiera dispuestos a negociar porque no solo llevan años sin poder cobrar lo que establecen los precios de mercado, sino que han estado percibiendo unas rentas muy inferiores a los mismos.
Desde el sector comercial las voces han sido discordantes sobre la conveniencia de una prórroga de la moratoria, solicitud a la que finalmente el Gobierno central no ha accedido. Así, el presidente de Aprocom, Tomás González, indica a este respecto que había negocios que ya habían pactado el nuevo alquiler y que, por tanto, «quienes habían hecho los deberes se sentían perjudicados» ante la petición de una nueva prórroga. La intención de la ley era hacer competitivos a los locales comerciales, recuerda González, quien sí lamenta que haya coincidido en el tiempo el fin de la moratoria con la situación de crisis económica, lo que complica la actualización.
A los tribunales. Para algunos será el último cartucho que quemar. Explica Manuel Bermudo que aunque la ley es rotunda en señalar que a los 20 años finaliza la moratoria hay una cuestión «que no queda del todo clara» y que alude al supuesto de que el arrendatario sea una persona física. «Si quien alquila es una persona jurídica no hay dudas, pero si es una persona física hay un capítulo en el que se establece la posibilidad de una subrogación hasta el fallecimiento o la jubilación».
Existe la duda, agrega Bermudo, sobre «si es una doble llave o una llave independiente», es decir, si ese supuesto solo se puede aplicar antes de que expire el plazo de gracia de 20 años. «Muchas personas están por defender sus derechos y recurrirán a los tribunales» esta interpretación. Por tanto, se abre ese resquicio al menos «hasta que haya jurisprudencia al respecto», apostilla.
