Los rectores de las diez universidades públicas andaluzas y la Junta continúan negociando el recorte de 130 millones que el Gobierno autonómico tendrá que acometer por las medidas impuestas desde el Ejecutivo de la Nación y por su propio plan de ajustes -que suprime más de 2.700 millones de euros del Presupuesto de 2012-. El diálogo está abierto, confirmaron fuentes del Gobierno andaluz, principalmente para tratar de amortiguar el efecto directo de esa contestada medida en las tasas que tendrán que abonar los alumnos el próximo curso y para tratar de minimizar el impacto en el ámbito laboral, donde se temen despidos de profesores asociados y que se tengan que revisar salarios.
El Gobierno central impuso por decreto una reforma que implicaba reducir en 3.000 millones el gasto dedicado a universidades y que ha incendiado este ámbito académico. Hasta el punto de que los rectores plantaron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por negarse a explicar o negociar estos ajustes que consideran un golpe mortal para la universidad pública. Esas "medidas urgentes de racionalización del gasto público" implican una fuerte subida -de hasta el 50%- de las tasas que pagan los estudiantes unida a un endurecimiento de los requisitos para obtener becas. Los universitarios tendrán que pagar hasta 540 euros más por matrícula, con una penalización mayor para los repetidores. El Gobierno dejó la pelota sobre el tejado de las comunidades y abrió una horquilla -del 15 al 25% de subida- para que las autonomías aplicaran el incremento de las tasas.
En declaraciones a Europa Press, el rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán. detalló que entre la Junta y las universidades por el momento se han celebrado dos reuniones. Además el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se reunió el pasado 10 de mayo con los rectores en una de las primeras citas de su agenda oficial. El secretario general de Universidades de la Consejería de Economía, Francisco Triguero, ha abierto el diálogo con los gerentes de las universidades. La oferta de la Junta es que las universidades se unan y mancomunen servicios y gastos, es decir centralicen sus compras para ahorrar. Una medida copiada de la sanidad.
También los vicerrectores de profesorado y organización académica se han reunido ya para "ir avanzando en la aplicación del Real Decreto", un encuentro del que, según las palabras de Roldán -quien actualmente ostenta la presidencia de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA)-, salió un borrador "aún guardado" a expensas de la reunión extraordinaria que los rectores mantendrán esta semana con el ministro Wert.
Asimismo, está pendiente otra reunión, prevista hoy lunes, con los vicerrectores de estudiantes y en la que se analizará la subida de las tasas universitarias propuesta por el Gobierno y que deberá aplicar en mayor o menor medida la Junta.
El rector de la UCO explicó que una vez que esas tres "comisiones" adopten acuerdos, "en aquellos que sean preceptivos, se convocará la mesa de negociación con los sindicatos". Señaló que, por el momento, no se está "en condiciones" de decir "que se va a hacer de una manera u otra" pero que "el intento es no tener que tocar salarios". "Hay que ser muy cautos porque tiene que haber un ahorro de 130 millones de euros, el planteamiento es empezar a trabajar y luego ver en qué deriva, si no llegáramos tendríamos que plantearlo, pero tengamos en cuenta que a nivel autonómico no se pueden tocar todas las partidas que corresponden al Estado", subrayó el rector para quien los sueldos se abordarían "si no hubiera más remedio". "Llegado el momento, trataríamos de hacer el menor daño y la Junta tendría que hacer alguna propuesta en ese sentido, pero esperemos que no", insistió.
Los rectores andaluces han sido muy beligerantes y han mostrado su rechazo a la reforma aprobada por el Gobierno de España y que deberán aplicar las comunidades. En general sostienen que "supone un cambio profundo en el modelo de universidad pública, en el que debe primar el principio de igualdad de oportunidades". Los alumnos también han plantado cara. En la Universidad de Sevilla y en la Pablo de Olavide se han llevado a cabo protestas y paros académicos. El resultado final de las medidas del Gobierno central en las universidades andaluzas está en manos de la Junta.
