Inspección de Trabajo ha dado un plazo de 30 días a la Delegación Provincial de Gobernación y Justicia para que planifique las "pertinentes medidas correctoras" para resolver las "deficiencias" en materia de seguridad y salud que presenta el edificio Noga, que acoge los juzgados de lo Penal, de lo Social y de lo Mercantil.
Según informaron a Europa Press fuentes sindicales, Inspección de Trabajo ha emitido esta resolución después de la denuncia que interpusieron los sindicatos STAJ, CSIF, SPJ-USO, UGT Y CCOO por la presunta omisión de medidas de seguridad y salud del inmueble judicial. El 10 de mayo se giró por parte de la Inspección de Trabajo una visita a este edificio, llevándose a cabo un recorrido "exhaustivo" por todas sus dependencias y detectándose "numerosas deficiencias" en materia de seguridad y salud, tales como falta de espacio y de ventilación, "deficiente" iluminación en determinadas zonas y falta de persianas en las ventanas de todas las dependencias con el "considerable" aumento de temperatura.
Ante las deficiencias detectadas, la delegación del ramo ha sido requerida para que en 30 días lleve a cabo "evaluación completa de riesgos, planifique las pertinentes medidas correctoras fijando para las mismas plazos y medios materiales y humanos necesarios para su ejecución y también para que elabore las preceptivas medidas de emergencia del edificio".
En este sentido, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) emitió un comunicado en el que lamenta que haya sido necesario acudir a esta vía para que la Consejería de Gobernación y Justicia "se dé cuenta de las penosas condiciones en que desarrollamos nuestro trabajo los funcionarios de la Administración de Justicia". Por ello, confió en que "tome buena nota" para otras sedes judiciales.
No sólo los funcionarios han denunciado públicamente, los jueces también han criticado las carencias del edificio y los problemas estructurales del mismo, lo que ha provocado que el rendimiento de trabajo "descienda un 30%" en los penales.
