La proliferación de empresas públicas y entes instrumentales alrededor de la Junta ha dado siempre pie a la oposición a los gobiernos socialistas para hablar de su uso como una red de «clientelismo» e incluso de haber creado un «régimen», término éste último acuñado por el anterior candidato popular Javier Arenas que, sin embargo, su sucesor Juan Manuel Moreno no ha usado de momento en campaña. La sombra del sobredimensionamiento de una llamada administración paralela, con duplicidad de funciones y dirigidas por personal de confianza y afines como «chiringuitos» ha perseguido siempre al PSOE andaluz pero el hecho de que parte de esas agencias públicas y fundaciones como IDEA (antes IFA), Faffe o la empresa de capital riesgo Invercaria estén en el ojo del huracán de casos de fraudes en fondos públicos ha hecho arreciar las críticas. Y lo cierto es que todos los partidos, también el PSOE aunque rechaza ese sobredimensionamiento, incluyen propuestas de racionalizar y reorganizar mejor la administración, auditar y controlar cuando no directamente suprimir las empresas y entes públicos, incluso con coincidencias entre IU, PP y Podemos, aunque los más radicales al respecto son Ciudadanos y UPyD. E igualmente hay en todos los partidos promesas de fortalecer el papel de los funcionarios y aclarar la exclusividad de sus funciones. Tanto el PPcomo PSOE se comprometen a elaborar una Ley del Empleado Público. La crisis, y la necesidad de ajustar el gasto público, obligó al Gobierno andaluz en la anterior legislatura a llevar a cabo una reorganización del sector público que, según sus cifras, suprimió 132 organismos y, sus correspondientes cargos, que por fusión o absorción se integraron en una decena de agencias. Pero la jugada se volvió en contra porque esa integración suponía equiparar a 20.000 contratados externos con los funcionarios sin haber pasado oposiciones y éstos se levantaron en armas. Una movilización sin precedentes de empleados públicos que a las puertas precisamente de la campaña electoral de 2012, obligó al expresidente José Antonio Griñán, a tramitar como Proyecto de Ley en el Parlamento lo aprobado por un decreto que los funcionarios bautizaron como «el decreto del enchufismo». La reforma marcó un antes y un después en las relaciones de la Junta con sus funcionarios y un punto de inflexión también en la representatividad de los sindicatos de clase UGT y CCOO, que al apoyar a la Junta, perdieron su representatividad en la administración en favor de los sindicatos específicos de funcionarios como CSIF o SAFJA. El asunto no es baladí pues si el 22M está en juego el bipartidismo, el bisindicalismo se rompió hace tiempo y los sindicatos que han ganado protagonismo son menos afines al PSOE, cuyas relaciones con CCOO y, sobre todo UGT, tampoco pasan por su mejor momento (su ausencia total en la campaña es significativa cuando en 2012, con la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno central, la movilización fue máxima). A ello se sumaron los recortes en las nóminas y jornadas, impuestos por el Estado pero aplicadas según un modelo determinado por la Junta, una herida aún sin cerrar y a la que también hacen guiños todos los partidos en sus programas con promesas de devolverles derechos como la paga extra y la jornada al 100 por cien o promover la estabilidad de la plantilla con ofertas de empleo público periódicas. Se trata de un colectivo que entre sanitarios, docentes y administración general suman 250.000 votantes, un número nada despreciable. De hecho, los últimos dos Consejos de Gobierno han aprobado las oposiciones del SAS y de Educación. PP e IU coinciden en proponer auditorías de los entes públicos, su personal, funciones y control del gasto, y en limitar las encomiendas de gestiones y servicios externalizados por parte de la Junta. Los populares hablan incluso de unificar sedes e IU de delimitar claramente, las agencias, empresas públicas, consorcios y fundaciones (éstas últimas con carácter muy excepcional), todas ellas creadas por ley, con órganos de gobierno colegiados y personal directivo seleccionado en convocatorias públicas. Si IU y PP hablan en sus programas de «reordenación» y «racionalización» del sector público y de evitar «duplicidades», Podemos usa directamente términos como «administración paralela/instrumental» y «entramado clientelar». Diputaciones y municipios Aunque son UPyD y Ciudadanos los que han capitalizado el debate sobre el papel de las Diputaciones, planteando directamente su supresión, Podemos también aboga en su programa por plantearse su funcionalidad «y la posibilidad de su sustitución por otras fórmulas territoriales como las comarcas, agrupaciones o mancomunidades» que consideran más eficaces frente a la «corrupción histórica y las fórmulas clientelares ligada a las Diputaciones». Ciudadanos mete en el saco de los entes a extinguir a los Consejos Comarcales e incluso plantea fusionar ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes (en Andalucía hay 508), una propuesta que también lleva UPyD mediante la reforma de la Ley de Autonomía Local de Andalucía si bien de forma «paulatina y voluntaria». La formación magenta promete un Gobierno reducido a ocho consejerías (el actual tenía 13) y suprimir las delegaciones provinciales de cada una e incluye entre los «órganos superfluos» a eliminar los consejos de administración, consejos asesores, el Consejo Consultivo e incluso el Defensor del Pueblo Andaluz. Respecto a éste último, el programa del PP habla de la «reducción de los miembros de los órganos de extracción parlamentaria» que en Andalucía son dos, el Defensor y la Cámara de Cuentas. En ellos están representadas las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento si bien sus mandatos no coinciden con las legislaturas, de forma que el Defensor tuvo asesores del PA hasta años después de que los andalucistas salieran del Parlamento y la Cámara de Cuentas ha sido objeto de polémica en el final de la legislatura por el pacto de PP y PSOE en el último pleno para renovar a sus miembros, impidiendo así cambios hasta 2017 sea cual sea la conformación del nuevo Parlamento andaluz tras el 22M. RTVA Una de las empresas públicas que más sirve para el enfrentamiento entre partidos es la RTVA. Instrumento fundamental en la cohesión y vertebración de una comunidad tan extensa y diversa como la andaluza, para el PSOE, medio manipulado por la Junta, según los populares, lo cierto es que en la reforma del Estatuto de 2007 se fijó la elección del director general en el Parlamento, una democratización sin precedentes en otras televisiones autonómicas. Pero las críticas siguen (y en campaña más), y aunque todos los partidos dejan claro su defensa a los profesionales de la cadena, dedican un apartado en sus programas (salvo el PSOE)al modelo que quieren. El PP pasa más por encima y solo habla de que sea «eficiente e independiente», sin concretar. Pero IU se explaya al apostar por una RTVA 100 por cien pública «de gestión directa», con cambios en el sistema de representación de la dirección y el Consejo de Administración, además del Consejo Audiovisual, con más potestades, y apostando por recuperar el segundo canal de televisión y por regular el acceso al empleo. UPyD quiere ajustes y Podemos un «equilibrio entre los operadores públicos, privados y sin ánimo de lucro o comuntarios», regular el derecho de acceso a la RTVA, corregular los medios privados y convertir el Consejo Audiovisual en un órgano de control eficaz.
