La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz de inhibirse a favor del juzgado de la jueza Mercedes Alaya en las diligencias abiertas contra el exconsejero Ángel Ojeda por los cursos de formación. Los magistrados avalan así que sea la jueza sevillana la que asuma el caso, al considerar que la causa que ella tiene abierta por las irregularidades en estas ayudas es más amplia e incluye por tanto a la abierta en Cádiz tras la detención de Ojeda el pasado verano.
En el auto, la Audiencia alega que para no dividir la continencia de la causa es Alaya la que tiene que asumir la investigación, ya que sus pesquisas no solo se centran en las subvenciones excepcionales que Ojeda logró de la Junta a través de su empresa Humanitas, sino que la jueza también contempla las ayudas irregulares que el entramado empresarial del imputado, dentro el cual se encuentra Humanitas. Además, la magistrada indaga conductas no solo de los que otorgaron citadas subvencions, sino también de quienes como el señor Ojeda, las percibieron y el destino que han tenido.
Un argumento que la defensa de Ojeda, que fue quien recurrió el auto de inhibición del juez gaditano, no comparte porque entiende que el objeto que constituye la causa penal del juzgado de Sevilla es diferente e independiente del que se sigue en el juzgado de Cádiz. Su defensa asegura que aunque la jueza centra su investigación en todo el entramado empresarial, lo es en relación con el órgano que concedió las subvenciones excepcionales, mientras que lo que se investiga en la causa en la que nos hallamos son los posibles delitos que se atribuyen al beneficiario de tales subvenciones.
La Audiencia señala en el auto que Ojeda habría obtenido gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos. Esto permitió que el exconsejero de Hacienda hubiera obtenido más de 33 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales.
