Juan Francisco Trujillo permanece en prisión preventiva desde el pasado 21 de marzo después de haber confesado que gastó casi un millón de euros de ayudas públicas en comprar cocaína para él y su jefe . La jueza, que inicialmente le imputaba once delitos, acabó enviándolo a prisión con una lista de 22 delitos a su espalda.
La defensa de Trujillo recurrió ante la Audiencia, que celebró una vista, el ingreso en prisión alegando que los delitos habían prescrito, un argumento que los magistrados de la Sección Séptima rechazan por completo. Sin embargo, la Sala sí cree que el exchófer debe ser excarcelado porque los riesgos en los que se justificó su ingreso en prisión, el de fuga y el de destrucción de pruebas, se han "minimizado".
Así, recuerdan el "arraigo familiar" de Trujillo, pues tiene "cónyuge y dos hijos de 13 y 20 años". A esto se añade el hecho de que "siempre haya comparecido a los múltiples llamamientos judiciales, ofreciendo desde el inicio una actitud colaboradora", "declarando con amplitud de detalles" y "aportando multitud de datos e información que está facilitando el esclarecimiento de los hechos que le atañen, permitiendo abrir diversas líneas de investigación y dirigir la causa contra otras personas físicas y jurídicas".
Los magistrados también creen que el riesgo de destrucción de pruebas también se ha "relativizado", pues gran parte de la documentación de sus empresas está en poder de una gestoría que "difícilmente quiera favorecer los intereses del imputado", pues éste le adeuda los honorarios. Además, recuerdan que gran parte de los documentos se han solicitado a entidades públicas y juzgados "respecto a los cuales el imputado carece de capacidad de influencia o maniobra".
De esta forma, concluyen que la privación de libertad "no resulta incompatible con la imposición de una fianza que le permita acceder a su libertad una vez depositada". De igual modo, le ordena a designar un domicilio fijo que "no podrá variar sin autorización judicial", la obligación de presentarse en el juzgado de su localidad "todos los lunes y los miércoles" y la prohibición de salir de España para lo que se le retirará el DNI y el pasaporte.
