El año pasado fue un año de "récord" para la Audiencia Provincial de Sevilla que alcanzó en 2014 los 11.046 asuntos ingresados, a los que hay que sumar los 3.306 que tenía pendiente del año pasado. La mayoría de los casos se ingresaron en el orden penal, donde se registró un incremento del 9,20 por ciento con respecto al año pasado. En el orden civil, el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, destacó el repunte de los asuntos relacionados con Familia, tras el que están los efectos de la crisis.
Álvarez destacó ayer la capacidad resolutiva de los magistrados, ya que fueron capaces de resolver 10.913 asuntos, lo que hace que el año se cerrara con 3.306 asuntos pendientes. Las secciones de lo Penal fueron las que más casos recibieron con 7.668, mientras que en las de lo Civil llegaron 3.378, un 6,27 por ciento. El presidente de la Audiencia considera que tras este aumento más moderado de los asuntos civiles están las tasas judiciales, por lo que dijo que para este año 2015 espera un incremento "tras la retirada de las tasas judiciales para las personas físicas".
El presidente explicó que los magistrados de la Audiencia, especialmente de las secciones de lo Penal, trabajan "muy por encima" del módulo de trabajo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que la media de asuntos por juez y año es de 410 asuntos (incluyendo a los magistrados de refuerzo que se han estado destinados a la Audiencia), cuando las horquilla está fijada entre los 264 y 316 asuntos por magistrado y año. "La tendencia se repite años tras años. En los siete años que llevo como presidente el número de asuntos ha subido cada año". En este sentido, ha recordado que en breve se incorporarán cuatro magistradas, una de ellas la jueza Mercedes Alaya, uno por cada sección Penal.
Álvarez también ha destacado el aumento de los asuntos de Familia que recibe la Sección Segunda, especializada en esta materia, que ya "prácticamente en un 95 por ciento, casi al 100 por cien" ya solo resuelven este tipo de cuestiones, como modificaciones de medidas, de pensiones, régimen de visitas, tras los que se esconden "la situación económica". "Son progenitores que han cambiado sus circunstancias" y por ello solicitan estas modificaciones. También tienen muchos casos en los que ante el impago de pensiones se reclama su ejecución y las peticiones de custodias compartidas. De estas, ha dicho que de todas las que les llegan, "menos de la mitad se aprueban". En cambio, "los divorcios se mantienen estables, no hay casi separaciones y algunas nulidades matrimoniales".
