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La Audiencia rechaza dejar en libertad al acusado por el accidente de Tablada por riesgo de fuga

el 03 may 2012 / 13:41 h.

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado la petición de  libertad de Javier S.R., el joven de 24 años de edad que se encuentra  en prisión provisional por causar el 30 de octubre de 2011 un  accidente en la avenida Juan Pablo II de la capital hispalense en el  que falleció una pareja de jóvenes, hechos por los que la Fiscalía le  pide cinco años de cárcel.  

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección  Séptima de la Audiencia Provincial entiende que en este caso existe  riesgo de fuga por la "elevada" pena que se podría imponer al  acusado , de manera que rechaza el recurso de apelación interpuesto  por el abogado del imputado y confirma la decisión adoptada por el  Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla.  

De este modo, la defensa del acusado había pedido su puesta en  libertad al considerar que podría ser condenado a un máximo de tres  años de cárcel y por la "inexistencia" de riesgo de fuga, todo ello  "habida cuenta de que carece de antecedentes penales, cuenta con una  familia estructurada y un trabajo estable".  

No obstante, la Audiencia Provincial asevera que "el riesgo de que  intente sustraerse a la acción de la Justicia cabe inferirlo  razonablemente de las elevadas penas imponibles, que podrían  representar un importante estímulo para que pretendiese eludirlas si  se accediera a su libertad", riesgo que "no resulta desvirtuado con  las meras alegaciones" de la defensa.  

Al hilo, dice que la defensa "no ha acreditado un arraigo familiar  o laboral de suficiente entidad como para considerar conjurado el  riesgo de fuga", añadiendo que, "en cualquier caso, esas mismas  circunstancias personales no habrían evitado que el acusado  presuntamente cometiera los delitos cuya autoría se le atribuye", por  lo que "nada hace presumir que, si se acordara su libertad, ahora  actuase dentro de la más estricta legalidad y se encontrara a  permanente disposición del Juzgado".  

De igual modo, señala que, "en principio y como señala" el juez  instructor en el auto impugnado, "se interesan penas que  aritméticamente sumas más de ocho años de prisión, habiéndose ya  formulado acusación contra el imputado", de manera que "resulta  previsible un pronto enjuiciamiento de los hechos y, en  consecuencia", su permanencia en la cárcel "sigue satisfaciendo la  necesaria proporcionalidad".  

Según indica en el auto, consultado por Europa Press, "subsisten  íntegramente los motivos que justificaron la adopción de la prisión  preventiva el 31 de octubre de 2011", medida cautelar que, "vista la  celeridad con que se está tramitando la causa y la necesidad de  garantizar la presencia del acusado en el juicio oral, cumple  suficientemente el canon constitucional de proporcionalidad,  razonabilidad, excepcionalidad y subsidiariedad".  

HECHO DELICTIVO DE "SUMA" GRAVEDAD

El abogado que ejerce la acusación particular en este caso, Manuel  Parrilla, se opuso a la puesta en libertad del acusado al entender  que, "estando concluida la instrucción en un plazo ejemplar y no  existiendo 'a priori' indicio alguno de dilación procesal, entendemos  que, en relación con otros supuestos conocidos" por la Sección  Séptima, la puesta en libertad "supondría una aplicación desigual e  injustamente privilegiada de la legislación procesal penal".  

En su escrito de alegaciones, consultado por Europa Press, el  letrado señala que el hecho cometido por el imputado "resulta de suma  gravedad", tanto "por el trágico resultado como por la gravedad de  las infracciones implícitas en la acción, tales como la elevadísima  tasa de alcohol y la conducción con absoluto desprecio de cualquier  norma de circulación --varios semáforos en rojo y más de 100  kilómetros por hora--".  

A ello se suma "la gravedad" de las penas solicitadas tanto por el  fiscal como por la acusación particular, que "pueden despertar la  racional intención de fuga al significar la privación de libertad del  individuo durante años", algo que "pudiera ser fácilmente evitado con  la desaparición del país a través de nuestras fronteras fácilmente  franqueables".

PODRIA "EMIGRAR SIN MIRAR ATRAS"

Respecto a la situación familiar, laboral y económica del  imputado, afirma que el acusado "no está casado, ni posee pareja de  hecho estable o similar, no es padre de hijos que deba alimentar y  carece de un puesto de trabajo acreditado que no pueda ser fácilmente  sustituido por otro en el extranjero", por lo que "nos encontramos  ante una persona joven, sin esposa e hijos, que bien pudiera emigrar  sin mirar atrás".  

Además, solicita mantenerlo en prisión para evitar que pueda  cometer otros hechos delictivos, ya que "una persona que es capaz de  estar bebiendo durante horas y horas, sin tomar durante ese  prolongado tiempo ni la más mínima medida que evitara lo ocurrido,  bien podría repetir un episodio similar".  

"Nos encontramos ante un individuo peligroso para la seguridad de  los demás ciudadanos, al haber demostrado con tales hechos que carece  de madurez y civismo para evitar ponerse al volante a pesar de beber  incluso cantidades desorbitantes de alcohol", asevera, concluyendo  que, como abogado de la acusación, "no podría explicar a los padres  de las dos víctimas que, a pesar de la posibilidad legal para  mantenerlo en prisión durante un periodo prudencial, pueda salir a  los pocos meses de arruinar psicológicamente sus vidas".  

LA FISCALIA PIDE CINCO AÑOS DE CARCEL

La Fiscalía, al igual que la acusación particular, pide para el  acusado cinco años de cárcel, el pago de una multa de 4.320 euros y  la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante  diez años por un delito de conducción temeraria y dos de homicidio  imprudente. Además, pide que indemnice con 99.775,96 euros a los  padres del joven fallecido y con 18.141,08 a cada uno de sus hermanos  menores de cinco y diez años de edad.  

Asimismo, solicita que indemnice con la misma cantidad a los  padres de la joven víctima del accidente y a su hermana de 12 años de  edad. Además, pide que indemnice con 2.970 euros al dueño del Peugeot  en el que circulaban las víctimas.

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