La Audiencia Provincial de Sevilla comunicó el pasado martes a los procuradores de las plataformas personadas en el proceso judicial abierto contra el exconsejero delegado del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, que ha rechazado el recurso presentado por los abogados del empresario de El Fontanal en el que solicitaban levantar las medidas cautelares interpuestas por la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6.
La noticia, anticipada por El Desmarque TV y confirmada por fuentes judiciales a El Correo, significa un nuevo retroceso en las aspiraciones de la defensa, a la que ya no cabe más recursos hasta que, al menos, no sea emitido por los peritos el segundo informe, correspondiente a las memorias económicas desde 1998 hasta el final del loperismo.
Según aseguraron ayer a este medio fuentes de la oposición, el único resquicio para la defensa es el segundo informe de los peritos, de cuyo resultado dependerá en cierta forma que la Audiencia estime un nuevo recurso de los abogados de Lopera, ya que con los resultados del primero no han encontrado una respuesta positiva para los intereses de su cliente. En el primer informe se cifraban 11 millones de perjuicio económico para el Betis por la interposición de las empresas que controlaba Lopera entre 1993 y 1998.
Los abogados de Lopera insistían en su último recurso en desvirtuar de sentido la dualidad de las administraciones judicial -en manos de José Antonio Bosch en calidad de interventor de los derechos políticos de las acciones de Farusa- y concursal -en poder de los administradores-, un extremo que ya desestimó la propia Mercedes Alaya.
Precisamente, los administradores concursales de la entidad, Gerardo Narbona, Francisco Tato y Antonio Jesús González, no se personarán finalmente ad cautelam en la causa al entender que su labor en el club finalizará antes de que posiblemente se celebre el juicio contra Lopera.
Demanda civil
De la misma forma, los abogados de Por Nuestro Betis (PNB), Béticos por el Villamarín y Liga de Juristas Béticos ya han ultimado la demanda civil con la que reclamarán la nulidad de la suscripción de acciones que realizó el exconsejero delegado a través de Farusa el 30 de junio de 1992, una noticia que anticipó El Correo de Andalucía el pasado 8 de julio de 2011.
