El equipo que lidera la nueva Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con Javier González de Lara al frente, ha aprobado hoy la reforma de sus estatutos, un código ético y de buen gobierno y un documento con instrucciones internas de contratación (a pesar de que como entidad privada no tiene por qué hacerlo), con los que desean dar carpetazo a la etapa anterior en la patronal enarbolando los principios de transparencia, participación, gestión eficiente y reputación como las nuevas guías a seguir, cuando no se ha cumplido ni siquiera un año de su llegada a la presidencia. Es el resultado de tres meses de trabajo, que ha contado con más de un centenar de aportaciones de los miembros de la organización, y cuyos textos, que ya se pueden consultar en la web de la CEA y que entrarán en vigor tras su visto bueno por la Asamblea General prevista para el 26 de marzo del próximo año, ha aprobado hoy la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Entre las novedades que se incorporan se encuentra la limitación de edad del presidente de la patronal, que coloca en los 70 años la edad máxima para ejercer esta responsabilidad que, por contra, no tendrá limitación de mandatos, a pesar de que era la opción preferida por el actual presidente, por lo que éste debe mantenerse en el cargo, dijo, mientras cuente con el respaldo de la Asamblea. De otro lado, se crea una comisión de buen gobierno que tiene ahora por delante la tarea de definir qué comportamientos y actuaciones serán vulneraciones del código ético y que, en caso de incumplimiento, acarrearán sanciones y hasta la expulsión de la CEA. Preguntado si una imputación entraría en esos supuestos, González de Lara señaló que es una cuestión "a estudiar", ya que se trata de una figura jurídica para defender a la persona. Pero "si hay resolución judicial", entonces se da por hecho, añadió. "Comportamientos espúreos o al margen de la legislación vigente, al igual que ir en contra de los acuerdos adoptados por la organización", serán motivo de castigo, abundó. En este ámbito, y cuestionado acerca de los negocios de formación adjudicados por la patronal a empresas vinculadas a miembros de los órganos de gobierno de la CEA, González de Lara incidió en que la organización velará por que haya "concurrencia competitiva, transparencia y que no haya intereses contradictorios ni personales" que primen por encima de los generales. De hecho, dijo, "se ha optado de forma voluntaria" por aplicar unas reglas basadas en la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que se darán a conocer las instrucciones que regirán los procedimientos internos para la adjudicación de contratos con terceros. Se pretende así garantizar la publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, optando así por la oferta más ventajosa económicamente, reseñó. Será posible consultarlo en el apartado de la web de perfil del contratante. Se crea, por otra parte, un consejo consultivo de empresas asociadas, por el que se dará más voz -aunque no voto- a las empresas, que contarán con un máximo de cinco vocales que podrán dar su opinión, pero no decidirán. Una medida con la que se pretende equilibrar la estructura organizativa de la patronal, donde hasta ahora solo tienen hueco las asociaciones territoriales y sectoriales. El presidente de la CEA se refirió asimismo a la situación económica de la organización, no exenta de dificultades, pero se mostró confiado en cerrar "de forma inminente, en los próximos días", un crédito hipotecario con tres entidades financieras por importe de 8 millones de euros (la mitad del último valor de tasación del edificio de la Cartuja), con el que poder saldar las cuentas pendientes con una quincena de proveedores, cuyas facturas totales pendientes suman unos 12 millones de euros. La crisis de reputación que afecta también a las organizaciones empresariales no ha tenido impacto económico negativo, incidió, sino todo lo contrario, ya que "hemos incrementado el número de asociados y la recaudación por cuotas en el último año en cerca de 150.000 euros". Es una nueva andadura, dijo, que no está exenta de dificultades. Tampoco obvió el polémico caso de las VPO de Sevilla Este promovidas por una Fundación vinculada a la CEA. "Es un porblema que está en vías de solución", después de que las obras se hayan retomado hace un mes. "Se está procediendo a la devolución de cantidades". De hecho, añadió, son 180 las personas que las han reclamado y el 75-80 por ciento de ellas "ya han recuperado el importe".
