La comisión de investigación sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos (caso ERE) pretende mantener el "equilibrio entre la exhaustividad y la eficacia".
Así ha respondido el presidente de la comisión, Ignacio García, al órdago que lanzó ayer el P P, que amagó con abandonar el grupo de trabajo nada más empezar. Los populares denuncian que PSOE e IU han "vetado" dos tercios de los 135 comparecientes propuestos y gran parte de la documentación requerida. García ha explicado que "no es bueno bloquear a la comisión con toneladas de información " y ha insistido en que la investigación "no tiene vetos", y que los comparecientes que no hayan entrado en la primera tanda de 25 nombres, entrarán en la segunda.
El presidente de la comisión ha dejado claro que la investigación en el Parlamento no es "una instrucción paralela" del juicio de los ERE, e implícitamente ha criticado al PP por "estar usando el sumario como fuente de información", algo que es, según dijo, "cuestionable". "La comisión tiene que partir de cero, no tiene acceso al sumario judicial porque es secreto y no está obligada a seguir lo que conoce un grupo de el sumario", ha sentenciado.
Con este argumento, García trata de rebatir las críticas del PP porque la comisión no ha aceptado que se interrogue a algunos intrusos (personas que se beneficiaron de un ERE sin trabajar en la empresa) o empresas implicadas. "Hay más de 70 intrusos y unas 200 empresas que cobraron ayudas públicas de la Junta, ¿cuál es el criterio para decidir que unos deben comparecer y otros no", se preguntó. Entre los primeros en comparecer, a partir del 23 de julio, hay 17 miembros o exmiembros del Gobierno, incluido el presidente y el expresidente de la Junta. Diez están imputados en el proceso judicial de los ERE y dos están en al cárcel.
La comisión, a través del Parlamento, solicitará a Instituciones Penitenciarias que comparezcan, o bien por videoconferencia, o bien trasladándose a la prisión de Sevilla II (donde está preso el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero) y a la cárcel de Morón (donde se encuentra el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández). La segunda tanda de comparecientes se elegirá a petición de los grupos y si no hay consenso, como ha ocurrido hasta ahora con muchos nombres propuestos por PP y PSOE, se decidirá por mayoría. En la primera tanda de nombres, IU propuso 27 nombres , y se le aceptaron 25. El PSOE planteó 26 y se incluyeron 16, y el PP habló de 100 y se admitieron 21.
