La primera gran movilización que va a tener que afrontar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que se plantea desde los propios sindicatos como una antesala de la huelga general está marcada por la confusión. Los ciudadanos y algunos funcionarios, de hecho, no tienen claro cómo les va a afectar el paro de 24 horas al que están llamados más de 2,5 millones de empleados públicos de toda España por los recortes salariales que va a padecer este colectivo tras la aprobación del Decreto Ley para recortar el déficit público.
Este caos se debe fundamentalmente, según los sindicatos, a la propia redacción del Decreto Ley, que no deja muy claro cómo afectará el tijeretazo a los trabajadores de las empresas públicas y mercantiles. En cualquier caso, en Andalucía sí se conoce a grandes rasgos cómo ha resuelto esta cuestión la Junta.
En este sentido, el decreto aprobado por la Administración autonómica recoge que el recorte también se trasladará a los 25.000 trabajadores que componen el personal laboral y a la plantilla de las empresas públicas. En este último caso la confusión radica en que, si bien la Junta ha anunciado un recorte del 5% en la asignación presupuestaria para el capítulo de gasto, no se sabe cómo afectará a su personal. Mientras tanto, en las mercantiles, la Junta pactó que sólo lo hiciera a altos cargos.
¿Qué sucede? Pues que muchos trabajadores de esas empresas están a la espera de ver cómo se aplica el decreto y no secundarán la huelga. Aparte, están las empresas públicas de las administraciones locales que tampoco saben cómo les repercutirá. Así, por ejemplo, en la capital andaluza, funcionarán los servicios públicos de transporte, Policía Local, bomberos o la recogida de basuras, entre otros.
Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, hicieron ayer un llamamiento a los funcionarios de "todas las administraciones de la Junta y de la administración instrumental, excepto las empresas de carácter mercantil".
En total, son 489.471 empleados públicos de Andalucía. Según los datos facilitados por el sindicato CCOO, por provincias, Sevilla aglutina a 118.269 empleados públicos, Cádiz a 78.811, Málaga a 74.528, Granada a 60.159, Córdoba a 47.530, Jaén a 40.238, Almería a 37.012, Huelva a 32.924.
Asimismo, de estos 489.471 empleados públicos en Andalucía llamados a la huelga general, también convocada por el sindicato CSIF-A, unos 250.000 pertenecen a la administración autonómica, unos 130.000 a la administración local -ayuntamientos y diputaciones-, unos 20.000 a universidades y unos 90.000 a la Administración General del Estado, según los datos de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A. "La huelga general parece inevitable y esto va a ser un primer paso", aseveró Pastrana, que advirtió de que los sindicatos llevarán "el nivel de conflictividad social adonde sea necesario, porque se está aprovechando la situación para instaurar un despido sin protección y ante esto sólo hay una respuesta".
Por su parte Carbonero hizo hincapié en que "no hay nada que garantice que los recortes vayan a acabar aquí", por lo que pidió a los trabajadores que se movilicen "como medida preventiva ante la incertidumbre que generan los presupuestos de 2011", en los que se verán reflejados nuevos recortes.
servicios mínimos. Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Ceuta eran las únicas comunidades y ciudad autónoma en las que los sindicatos y los gobiernos regionales habían pactado ayer a última hora de la tarde los servicios mínimos que se prestarán.
En el resto de las comunidades no ha habido acuerdo con el Gobierno respecto a los servicios mínimos que se ofrecerán en los diferentes ámbitos públicos, aunque Madrid los garantiza en el ámbito de la sanidad. En los de Justicia y en Prisiones se ha llegado a acuerdo en todo el territorio nacional.
