La Junta tomará "medidas contundentes" ante la falta de implicación de los municipios de la Costa del Sol -la mayoría del PP- con la VPO. En ellos se dispara la demanda de pisos pero no se edifican. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, admitió ayer que sigue habiendo "dificultades" de crédito, pero auguró que los bancos se "relajarán" en 2009.
Espadas presentó ayer el balance del primer año del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que se ha ejecutado en un 135%. En estos doce meses, se han alcanzado las 14.200 calificaciones provisionales de VPO -visto bueno de la administración para empezar a construir- y, por primera vez, el sector privado se ha implicado más que el público. Los datos, dijo, servirán para "transmitir confianza a un sector que lo está pasando mal", pero el consejero evitó la euforia. "No se puede bajar la guardia", advirtió. De hecho, el titular de Vivienda se mostró "preocupado" por la falta de colaboración de los ayuntamientos gobernados por el PP, sobre todo de la provincia de Málaga. "Ahí hay un problema, porque no se está cubriendo la gran demanda" de pisos, señaló.
De los 15 municipios con más necesidad de VPO, nueve están en la Costa del Sol. Ninguno de ellos está haciendo sus deberes para satisfacer la demanda, que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados estima en 38.356 pisos. En Málaga capital, cuyo PGOU está pendiente del acuerdo de Junta y ayuntamiento, el IESA calcula que harán falta 20.885 pisos protegidos en una década. El año pasado se calificaron sólo 482. Esta cifra choca con las 1.883 VPO iniciadas en 2008 en Sevilla, la otra gran urbe con más demanda. En cinco de esas localidades -Benalmádena, Estepona, Marbella, Mijas y Torremolinos- no se calificó ninguna VPO el año pasado. Completan la lista, con un bajísimo nivel de ejecución, Alhaurín de la Torre, Fuengirola y Rincón de la Victoria.
Espadas achacó el "enorme déficit" de casas baratas en el litoral malagueño al elevado precio del suelo. Por eso pidió una "mayor colaboración" a los alcaldes y avisó de que la consejería tomará "medidas contundentes" para impulsar la VPO. Este llamamiento, dijo, "no se hace por razones políticas, sino por datos objetivos de oferta insuficiente". El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, también reclamó un "esfuerzo" a estos ayuntamientos.
Ley de vivienda. Espadas cree que el plan concertado ha "conseguido reactivar la vivienda protegida y situarla a niveles de 2001". El PP denunció ayer que en cuatro años en Andalucía se ha levantado un 59% menos de VPO. En 2009, el objetivo es iniciar 24.000 VPO, un reto que, según el consejero, no peligrará por la escasa adaptación de los planeamientos a la ley urbanística -sólo 120 de los 770 municipios andaluces han realizado alguna adaptación de sus PGOU-. Recordó que cuando se firmó el Pacto por la Vivienda -hace un año-, el problema era la falta de suelo, algo que se intenta solucionar también con la compra de terreno privado. Ahora el escollo "es la financiación", reconoció.
La consejería está trabajando paralelamente en consensuar con los agentes socioeconómicos la ley del derecho a la vivienda y en definir la piedra angular de la norma: el registro de demandantes de VPO, cuyos parámetros estarán listos en primavera. Vivienda creará un grupo de trabajo con la FAMP para diseñar un registro "uniforme y coincidente", que sirva para todos los ayuntamientos.
