Las medidas anti crisis de algunos gobiernos están sacando a la luz ideas y comportamientos xenófobos que, lejos de ayudar a la economía, están abriendo de nuevo y con fuerza el debate sobre las ventajas e inconvenientes de la inmigración. Los últimos casos han ocurrido en Italia y en el Reino Unido.
Cuando las cosas iban bien y la bonanza económica parecía no tener límites no importaba abrir el grifo y dar papeles a los inmigrantes que, apremiados por la miseria y el hambre, se ofrecían para puestos de trabajo que nadie quería. Ahora, con la crisis económica encima, algunos gobiernos de la Unión Europea tratan de que esos puestos de trabajo sean para los desempleados del país, que antes los rechazaban pero ahora ven cómo no les queda otra si quieren salir adelante.
El último ejemplo lo hemos vivido en Inglaterra. Los trabajadores de la refinería de Lindsey han estado en huelga porque la empresa optó por contratar a trabajadores extranjeros en lugar de ingleses, y empleados de 13 factorías más secundaron los paros en señal de solidaridad con sus colegas. Los trabajadores británicos calificaron de "escandalosa" la elección de empleados foráneos y exigieron al primer ministro laborista, Gordon Brown, que cumpla su promesa hecha el año pasado de garantizar "empleos británicos para los trabajadores británicos".
Finalmente, los operarios han terminado las protestas y han arrancado a la empresa el compromiso de emplear a más de cien nuevos trabajadores de Gran Bretaña. Además, el Gobierno del laborista Gordon Brown está estudiando, según anunció ayer jueves el rotativo The Independent, restringir la entrada de inmigrantes cualificados, siempre de países no pertenecientes a la Unión Europea, para ayudar así a los graduados universitarios británicos a encontrar un empleo estable dentro del país.
El caso de Italia. En Italia, por su parte, el Senado aprobó el jueves un proyecto de ley sobre seguridad que contiene medidas como que los médicos puedan denunciar a los extranjeros indocumentados que hayan atendido en los servicios de urgencias, así como la tipificación como delito de la inmigración ilegal. Este proyecto, que está provocando un amplio debate entre la sociedad italiana, pretende cancelar una norma anterior que prohibía todo lo contrario: los médicos no podían delatar a los indocumentados a los que habían asistido en los centros sanitarios.
Los críticas han comenzado ha proliferar contra el gobierno de Berlusconi por parte de los colectivos médicos. Así, Médicos Sin Fronteras ha puesto ya en marcha una campaña que bajo el lema 'Somos médicos y nos espías', trata de hacer ver que detrás de esta medida se enmascara la idea del Gobierno italiana de poner de alguna manera freno a la inmigración para poder ofrecer más puestos de trabajo a los italianos.
Por el contrario, donde si se verán favorecidos los inmigrantes será en Francia, donde el ministro de Inmigración, el ex socialista Eric Besson, firmó una instrucción que permitirá a las autoridades conceder permisos de residencia a los sin papeles que denuncien a las redes mafiosas. La medida ha sido duramente criticada por las organizaciones de defensa de los inmigrantes que ven en la iniciativa una "prima a la delación" aunque el Gobierno del país vecino arguye que es "una declaración de guerra a las mafias".
