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La crisis recorta 30.000 permisos de residencia a inmigrantes en Andalucía

Quedarse en paro es un drama social que padecen ya 700.000 personas en Andalucía. Pero el drama se agudiza para los inmigrantes que dependen de un contrato de trabajo para ser considerados "legales". Los permisos de residencia en vigor han bajado en un año en 31.912, un segundo "efecto perverso" de la crisis.

el 15 sep 2009 / 20:05 h.

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Quedarse en paro es un drama social que padecen ya 700.000 personas en Andalucía. Pero el drama se agudiza para los inmigrantes que dependen de un contrato de trabajo para ser considerados "legales". Los permisos de residencia en vigor han bajado en un año en 31.912, un segundo "efecto perverso" de la crisis.

A asociaciones como Andalucía Acoge o Atime empiezan a llegar nuevos casos no sólo de inmigrantes que quieren "papeles" sino de quienes los tienen pero temen perderlos. Son aquellos que vinieron con un contrato en origen con el que se obtiene un tarjeta de residencia temporal de un año.

Pasado ese tiempo, y si han cotizado al menos durante seis meses, tienen opción a renovar su permiso por dos años más. Pero es preciso que tengan empleo y éste escasea (si la tasa de paro ha aumentado un 39% en el último año en Andalucía, entre los inmigrantes ha crecido un 66,8%).

Ayer jueves, Día Internacional de las Migraciones, la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) celebró manifestaciones en Sevilla, Málaga y Almería para alertar de su "alarmante" ante la crisis. El propio Gobierno, en su declaración institucional, reconoce que los inmigrantes "pueden verse especialmente afectados".

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en Andalucía había a 30 de septiembre de este año 211.184 extranjeros no comunitarios con permiso de residencia, 31.912 menos que en la misma fecha de 2007, lo que supone un descenso del 13% cuando entre 2006 y 2007 las tarjetas de residencia en vigor se incrementaron casi un 30%.

Han bajado los permisos iniciales (de 33.526 en 2007 a 25.131 en 2008) pues, según explican desde UGT, los contratos de trabajo en origen se hacen en puestos del catálogo de difícil cobertura que este año se ha visto restringido. Muchos de esos puestos han sido ocupados por trabajadores autóctonos expulsados de sectores azotados por la crisis.

Pero el mayor descenso, un 61%, se ha producido en las renovaciones por primera vez (que deben realizarse al año y garantizan la estancia en el país durante otros dos). En septiembre de 2007 había 100.005 y en septiembre de este año 38.928. Algunos han pasado a obtener la segunda renovación si cumplían los requisitos y expiraba su tarjeta de dos años, pero en esa caída también se encuentran quienes, agotado su permiso inicial, no han logrado la primera renovación.

Desde UGT destacan los problemas que tienen los inmigrantes con un permiso inicial cuyo contrato en origen se ha rescindido antes de tiempo. Pueden quedarse en el país hasta completar el año pero su tarjeta sólo les habilita para buscar empleo en el mismo sector y el mismo ámbito geográfico, lo que restringe sus posibilidades.

No obstante, desde la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Selam Rekaina reconoce que las mayores dificultades se encuentran en la primera renovación porque el contrato es una "condición indispensable". Excepcionalmente, estar inscrito como demandante en búsqueda activa y participar en los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) puede ayudar, si bien la crisis está llevando al Gobierno a hacer "una interpretación más estricta de la ley", según el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales. Atime reclama que se tengan más en cuenta estos factores y no sólo el contrato. El portavoz de REDI, Nicolás Sguglia, va más allá y reclama una "amnistía" ante la coyuntura actual para los parados a los que les toca renovar su permiso.

"La crisis que sufren todos los ciudadanos tiene un efecto especialmente perverso en gente que ha llegado a regularizar su situación pero que sin empleo da un paso atrás", destaca Morales. El portavoz de REDI cree que "el problema estructural es vincular el derecho de ciudadanía al contrato de trabajo que, si ya era difícil, ahora deja a gente con una vida normal en la clandestinidad".

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