Por eso la consejera del ramo, María Jesús Montero, aboga por "modificar el pago" para que cada región reciba fondos en función de las personas que efectivamente atiende, y no atendiendo al número de andaluces que han sido tratados en el exterior, que es como la UE, que es quien aporta el dinero, hace las cuentas. "Nuestra atención a extranjeros es muy superior al número de andaluces asistidos fuera y a la inversa, hay regiones con menos turistas pero en las que sus ciudadanos salen más de España y logran un saldo muy positivo con el sistema, aunque no hayan hecho el esfuerzo que nosotros hacemos", defiende. Un cambio "radical y completo en el sistema de facturación" haría más justo el reparto y evitaría "que se quedara la mitad del gasto andaluz sin cubrir". El escollo, reconoce la Junta, está en que "hay comunidades a las que beneficia mucho este desequilibrio, así que por más que lo solicite Andalucía, si no hay consenso, no se podrá alterar el reparto".
Salud abunda en esta reflexión apenas seis días después de que el Gobierno español anunciara que, a partir de ahora, cada país correrá con los gastos de la atención a sus residentes. Hasta ahora, por ejemplo, si un jubilado alemán estaba residiendo en la Costa del Sol y decidía irse a su país a operarse para estar rodeado de sus familiares y atendido por personal que conoce su idioma, era España quien tenía que pagar esos gastos, porque era aquí donde hacía su vida. Con la nueva disposición, será el país de origen el que asuma el coste de la asistencia sanitaria, a pesar de que su domicilio esté en Andalucía. La medida no interesaba ni a Reino Unido ni a Suecia, que son el primer y el cuarto emisor de turistas de la comunidad. Como explica el secretario de Estado de Sanidad , el granadino José Martínez Olmos, "España puede evitarse un desembolso de unos 2.000 millones de euros, pero por ahora no se han hecho cálculos por autonomías". Lo confirma Montero: aún no se sabe cómo beneficiará este "lógico cambio" al Servicio Andaluz de Salud, pero entiende que, si se ha dado este primer paso para "ajustar a la realidad" los pagos, podría ser "un buen momento de abrir el debate sobre el reparto de los otros fondos". Olmos confirma que sólo en 2009 España ha recibido de la Unión Europea 300 euros por cada uno de los 2,5 millones de residentes comunitarios que hay en el país, en concepto de atención sanitaria. Eso supone, "en resumidas cuentas, unos 460 millones de euros".
Montero, pese a su reivindicación, aboga por "desmitificar" la idea arraigada de que hay una potente corriente de turismo sanitario, que trae a Andalucía a jubilados europeos sólo para intervenirse aquí, por la calidad de sus servicios. "No es así, la calidad de una sanidad pública puede dar tranquilidad y garantías a quien emprende un viaje, pero nadie coge un avión para irse a otro país para entrar en el quirófano", resume gráficamente.
Traslados. La propuesta que España sacó adelante el lunes es "importantísima", a juicio de la Junta, porque además regula por primera vez que quien quiera trasladarse a un tercer país de la UE, que no sea ni el de origen ni el de residencia, buscando atención médica, deberá pedir una autorización previa a la nación de residencia. Ese visto bueno del médico que trata al paciente, defiende la consejera, supone una "garantía" de "eficacia" y evitará picarescas entre sistemas públicos y privados. Las urgencias de un viajero, puntualiza, siempre serán atendidas y facturadas al país de origen.
