Cuántas veces habrán escuchado decir eso de que a estas alturas de la crisis y también mucho antes si no se ha producido ya un estallido social tras la retahíla de recortes sociales, los continuos ajustes del cinturón a cuenta del déficit y las abultadas tasas de paro es como consecuencia de la economía sumergida.
Aunque no suelen ser frecuentes los informes que ponen cifras a esta realidad en negro, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) presentaron ayer el estudio dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que arroja que en Andalucía prácticamente uno de cada tres euros que mueve su economía no están declarados a Hacienda, disparando la tasa de actividad económica en B al 29,2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2012, esto es, más de 40.500 millones de euros ocultos.
Un nivel que la aúpa hasta el segundo puesto en el podio de comunidades más defraudadoras, solo por detrás de Extremadura (con un tasa del 31,1 por ciento), y a una décima de distancia de Castilla-La Mancha (29,1 por ciento). Andalucía supera así casi en cinco décimas a la media nacional que, con un fraude de 253.135 millones sin aflorar, se situó al cierre de 2012 en el 24,6 por ciento. El estudio La economía sumergida pasa factura incide en la evolución de la actividad sin declarar durante la crisis, que a nivel español se ha incrementado en 60.000 millones en cinco años de crisis de 2008 a 2012 (siete puntos más). La brecha entre comunidades más y menos defraudadoras se explica por determinadas variables, de modo que la economía sumergida es más frecuente en aquellas que han sido más dependientes del boom del ladrillo y, al estar tan vinculadas, han sufrido con mayor dureza el repunte del desempleo.
Tampoco han ayudado precisamente a contener la tentación de eludir al Fisco las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial, abunda el estudio, que refleja que en esta práctica juega un factor fundamental la moralidad, que es lo que explica que esté tan extendida como consentida socialmente, como por ejemplo cuando nos ofrecen o se reclama que nos quiten el IVA. Nadie se escandaliza por algo que sería impensable en otros países, apostilla.
Junto a ello, los técnicos de Hacienda inciden en otro factor a tener en cuenta, que no es otro que el masivo uso de billetes de 500 euros en España, y que representa el 73,7 por ciento del efectivo en circulación y el 14 por ciento del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la Zona Euro. Estos billetes, recuerda el informe, son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del Fisco, de ahí que se haya prestado una especial atención a las operaciones en efectivo que superen un determinado importe, con objeto de impedir el blanqueo.
SEVILLA. De entre todas las provincias andaluzas, fue la almeriense la que lideró el fraude, con una tasa del 33,5 por ciento en 2012. Por detrás, se colocaron Granada (32,1 por ciento), Córdoba (30,6 por ciento), Jaén (29,5 por ciento) y Cádiz (29,3 por ciento), todas ellas con más fraude que la media andaluza. En el furgón de cola encontramos a las provincias de Málaga (28,6 por ciento), seguida de Sevilla (con una tasa de actividad en negro del 27 por ciento), que cierra Huelva con el 26,4 por ciento.
Y es que Sevilla, que ha aumentado su economía sumergida en 8,4 puntos desde 2008, presentaba por aquel entonces una de las tasas de fraude inferiores, de hecho, la más baja de toda Andalucía, con el 18,8 por ciento de negocio en B.
