La historia comienza en 1967. En el antiguo hospital municipal de La Línea (Cádiz) dan a luz cientos de mujeres pero algunos niños nacen muertos. O al menos, eso les dicen a sus madres. Cuarenta años después, sus familias son incapaces de encontrar certificado de defunción ni tumba alguna. Algunas han acudido al ministerio público para que investigue sus desapariciones y el fiscal de Algeciras, Jesús Cisneros, por primera vez ha abierto diligencias para hacerlo.
La Fiscalía subraya que sólo se han incoado diligencias de investigación tras la petición concreta de Cristina y Flor Díaz Carrasco para que se investigue la supuesta muerte de su hermano Jesús. Sólo la abuela del pequeño vio el cadáver y siempre sostuvo que era de un niño mayor. Durante años, la familia visitó una tumba en el cementerio donde supuestamente reposaban los restos del padre y el bebé. Pero al pedir los libros del registro del cementerio, no constaba el entierro del niño y en el archivo del hospital tampoco había rastro del certificado de defunción.
En la Fiscalía de Algeciras "de momento se ha abierto un trámite" con el fin de conocer "más detalles de lo ocurrido y esclarecer los hechos". A raíz de este caso han salido a la luz hasta ocho en la provincia de Cádiz, aunque según la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, sólo existe un escrito de denuncia. Ambos fiscales recopilan información sobre otros para "ver qué ha pasado" pero Ayuso habla de "casos aislados" y descarta la existencia de "una organización detrás". Recuerdan que los posibles delitos penales o civiles "habrían prescrito" y aluden, en todo caso, a "falsedad documental".
El profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha Miguel Ángel Rodríguez -autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo. Un crimen contra la humanidad- no opina lo mismo. Considera que la desaparición cifrada por asociaciones de memoria histórica de 30.000 niños -citando jurisprudencia del juicio de Nuremberg contra el nazismo y procesos referidos a la dictadura argentina- debe ser calificada como "crímenes contra la humanidad" y éstos son delitos "de investigación permanente e inamnistiables".
Su estudio jurídico es citado en el auto de Baltasar Garzón en el que se inhibe de la causa y la deriva a los órganos territoriales al declararse incompetente la Audiencia Nacional.
Este jurista destaca aunque "con prudencia" el "avance" que supone que "por primera vez" una Fiscalía "al menos vaya a investigarlo", frente al archivo o el rechazo a hacerlo generalizado. Junto a los casos de La Línea han saltado a la luz otros en la clínica O'Donnell de Madrid, Auxilio Social o instituciones religiosas.
Rodríguez recuerda que en marzo de 2006 el Consejo de Europa emitió una condena expresa contra el caso de los niños desaparecidos en el franquismo e instó al Gobierno español a investigarlo pero "la ley de Memoria Histórica, aprobada un año y medio después, ni siquiera lo menciona".
