El Juzgado de Instrucción número 2 ha abierto una investigación, después de que la Fiscalía de Sevilla haya interpuesto una denuncia por la concesión e 5.846.298 millones de euros "sin un soporte legal" que lo permitiera a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de Sevilla. Unas ayudas que percibieron desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que ya estaban siendo investigadas por la Fiscalía Superior de Andalucía entoda la región, donde el montante de este supuesto nuevo fraude asciende a 57 millones de euros, tras lo que se ha decidido remitir a cada fiscalía provincial los hechos relativos a su zona. En concreto, en la denuncia el Ministerio Público ante los juzgados recoge que "de confirmarse los hechos" estaríamos ante "un delito de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación", ya que la subvención se entregó "sin un soporte legal que lo permitiera". Estas unidades se crearon en el año 2002 para fomentar el empleo local y acercar a los ciudadanos los servicios que en esta materia ofrecía la Junta. El 27de julio de 2010 se aprobó la extinción de estos consorcios mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y para hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido por la finalización de los contratos laborales se concedió por parte de la Dirección de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo "subvenciones de carácter excepcional" por casi seis millones de euros. Según recoge la Fiscalía, desde su creación los gastos de estas unidades "se sufragaban con la subvenciones que concedía el SAE", que eran aprobadas "por el director provincial en Sevilla del SAE y por el directo general de Calidades del Servicio y Programas para el Empleo del SAE". Sin embargo, a partir de 2009 el personal técnico y administrativo "a efectos de retribución pasó a depender de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo". CÁMARA DE CUENTAS Desde ese momento las subvenciones que se otorgaban a estas unidades eran para "fundamentalmente hacer frente al pago de los salarios de los directivos y de los agentes locales de promoción y empleo (Alpes) así como para pagar los incentivos por los resultados a los dos grupos de personas dichas". Sin embargo, la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, entre los años 2010 y 2012, constató que por parte de las Utedlt de Alcalá de Guadaíra, Bajo Guadalquivir, Sierra Norte y Tierras de Doñanas "no se ha justificado suficientemente el empleo de las subvenciones recibidas para el pago de salarios, fundamentalmente a los Alpes, sin que tampoco se haya acreditado" que por parte de estos agentes "se haya realizado los trabajos que justificarían el cobro de los salarios subvencionados". Ademas, tampoco está acreditado "suficientemente" que las citadas unidades que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden" que regula este tipo de ayudas. Igualmente, la Fiscalía sostiene que "a partir del año 2009 no se suscribieron los contratos programas de las Utedlt, que eran los documentos donde se fijaban los objetivos a cumplir, y a pesar de eso las Utedlt cobraron subvenciones por incentivos que suponía que se habrían superado unos objetivos que no se habían fijado". Unas ayudas que fueron otorgadas por la Dirección General de Calidades de los Servicios y Programas de Empleo del SAE" y tras las que el fiscal ve que se pudieron cometer los mismos delitos antes citados.
