Fuentes del Ministerio Público han explicado que las investigaciones las realiza Martín Casallo como número dos de la Fiscalía General, por orden de Eduardo Torres-Dulce. Sólo en caso de encontrarse irregularidades se procederá a remitir este asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que ésta le de un trámite procesal ante la Sala de lo Penal de este órgano.
De momento, se analiza la documentación remitida este jueves de oficio por el órgano de gobierno de los jueces, que incluye todos los justificantes relativos a los seis viajes realizados por Dívar a Málaga entre septiembre de 2010 y noviembre de 2012, que son los que han sido denunciados por el vocal José Manuel Gómez-Benítez.
Fuentes del Consejo han explicado a Europa Press que la documentación remitida incluye los justificantes de diversos gastos abonados por el Consejo y también facturas pagadas por Dívar de su propio bolsillo. Se han entregado igualmente los informes firmados por la interventora y las peticiones de Gómez Benítez a la Secretaría General del CGPJ solicitando información sobre todos estos expedientes.
RESULTADOS EN UNA SEMANA
Una vez Martín Casallo concluya su análisis, lo que se espera para la semana próxima, la Fiscalía General tiene tres posibilidades: archivar el asunto por no ver en él nada irregular, solicitar más documentación al CGPJ o bien remitir el asunto a la Fiscalía del alto tribunal para darle un trámite penal. De verse delito, el asunto sería competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
De momento, y en espera de este análisis de la fiscalía, ni el CGPJ como institución ni ninguno de los vocales ha tomado ninguna iniciativa para llevar este asunto a debate a la Comisión Permanente que se celebrará el próximo miércoles. La consigna sigue siendo no hacer nada en espera de la posición del Ministerio Público, según las mismas fuentes.
Dívar se mostró sorprendido por la denuncia por malversación presentada contra él e insistió en la "diferenciación" entre gastos personales y los realizados con cargo al presupuesto del Consejo, que están "perfectamente documentados y justificados".
A través de una nota pública de la Presidencia del CGPJ, Dívar señalaba que todos sus gastos han sido "tramitados legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto.
