Según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa, el fiscal ha solicitado al magistrado Manuel Centeno la continuación del procedimiento por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial contra la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado; su esposo, Ángel Cervera, y la trabajadora de la asociación Josefa Prado. La Fiscalía solicita su procesamiento por expedir "dos facturas duplicadas para presentarse ante dos administraciones distintas, Ayuntamiento y Diputación, como justificación de las subvenciones recibidas".
El fiscal hace alusión en su escrito al polémico fax con instrucciones sobre cómo elaborar una factura falsa, que fue desvelado por el PP durante la última campaña electoral para la Alcaldía. Con este documento, los populares ampliaron su denuncia, pero la Fiscalía entiende que, aunque la Policía Científica concluyó en su análisis que "se trataba de un documento auténtico", "no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de delito alguno por el cotejo de la facturas y albaranes unidos a la causa, de donde se deduce que la facturación de Copyur [la copistería con la que trabajaba Unidad] se correspondía con la entrega de materiales, sin que exista ninguna otra prueba que corrobore el contenido del mencionado fax".
Esta afirmación es la que lleva al fiscal a solicitar "el sobreseimiento provisional y posterior archivo de la causa" para Castaño, Gómez Lobo, la trabajadora de Unidad Susana D. V. y para los responsables de la copistería Juan José G. V. y María del Carmen M. N.
En cuanto al resto de la investigación, el comunicado recuerda que "se han detectado irregularidades contables por parte de Unidad" como son "la falta de justificación de determinados gastos por falta de afección expresa a la actividad subvencionada (como imputación de gastos de personal o teléfonos), actos contrarios a la normativa de subvenciones". Sin embargo, el fiscal señala que "se trata de hechos, que sin dejar de ser ilícitos, no son constitutivos de delito", ya que entiende que el fraude existente, "debe reputarse atípico penalmente, al no alcanzar la cuantía de los 80.000 euros que exige el Código Penal, subsistiendo la infracción administrativa".
El caso Unidad salió a la luz en 2006 ante las presuntas irregularidades en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad vecinal, cuando estaba de presidenta de la misma Ángeles Nevado, esposa del ex asesor de Presidencia de la institución provincial Ángel Cervera. Las facturas fueron presentadas por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio.
«Es completamente lógico y era a lo que estaba obligado»
El abogado de Domingo Enrique Castaño, ex asesor del grupo municipal socialista, valoró ayer positivamente la petición del fiscal. Para José Manuel García-Quilez "es completamente lógico y es a lo que estaba obligado el fiscal, no podía proceder de otra forma".
El letrado ya presentó el pasado mes de enero un escrito en el Juzgado de Instrucción 14 en el que solicitaba el archivo de la causa para Castaño, alegando su participación en los hechos "brilla claramente por su ausencia". En aquella ocasión, la Fiscalía consideró que era pronto y pidió al juez que esperara a que se practicaran una serie de pruebas, como por ejemplo los movimientos de las cuentas de Unidad. Una vez que dichas diligencias se han terminado ha sido la propia Fiscalía de oficio, la que ha solicitado el archivo de la causa contra él.
Castaño también está imputado en la supuesta venta irregular de los terrenos de Mercasevilla a la constructora Sando, investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 6. La juez del caso y la propia Policía Judicial creen que Castaño fue la figura "esencial" para lograr el supuesto "amaño" del concurso público que logró Sando, pese a que su oferta económica era menor que la presentada por Noga.
