Complicada situación le ha dejado el Tribunal Constitucional (TC) al Gobierno, con un fallo sobre el Estatuto de Cataluña que llega con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y que obliga al Ejecutivo a mover ficha y al PP a pensar muy bien su estrategia en las próximas semanas.
Aunque el fallo del TC avala la mayor parte del Estatuto, la situación conduce al Gobierno a buscar una salida ante las exigencias de quienes apoyan el texto tal cual se aprobó, entre los que se encuentra el presidente (socialista) de la Generalitat, José Montilla, quien se mostró "indignado" con el fallo. A este grupo hay que sumar los partidos nacionalistas, que reclaman, al igual que Montilla, que se articulen los mecanismos necesarios para que el "pacto" entre Cataluña y el Estado que, a su juicio, implica el Estatut, se cumpla.
En los meses en los que los magistrados deliberaban sobre la constitucionalidad del Estatut se escucharon voces desde el Ejecutivo catalán y de partidos como ICV que apuntaban por dónde podría venir la solución para que la norma se siga aplicando sin desoír al Constitucional. La modificación de las leyes orgánicas que el TC considera lesionadas por la norma catalana permitiría a todos mantener su discurso: al Gobierno defender su acatamiento y respeto a la decisión del TC y a los partidos nacionalistas y a Montilla mantener su máxima de que lo que está escrito en el Estatuto no se debe tocar.
Los apoyos. En cualquier caso, la situación del Gobierno es todo menos cómoda. El momento en que llega el fallo no puede ser peor, con la precampaña de las autonómicas catalanas llamando a la puerta y con una acción política centrada en la superación de la crisis económica, que le lleva a buscar continuos apoyos parlamentarios, en los que CiU ha tenido un papel protagonista. Por ello una de las primera medidas de CiU ha sido amenazar al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con retirarle su apoyo en el Parlamento, donde el Gobierno muestra mayor debilidad.
Tanto CiU como el resto de grupos catalanes en el Congreso (ERC e ICV) han advertido en reiteradas ocasiones de que un fallo que supusiese una lectura "regresiva" del Estatuto abriría una "grave crisis institucional" y política, que amenazaría la estrategia de alianzas de geometría variable del PSOE.
Así las cosas, se podría pensar que el Gobierno de Zapatero se encuentra en un callejón sin salida, pero ya ha dado muestras en otras ocasiones de su habilidad para manejarse en situaciones cuya solución no es fácil. Y esta vez no ha tardado en reaccionar: el jueves Zapatero en la rueda de prensa posterior a su reunión con el ex primer ministro británico Tony Blair se mostró dispuesto a adoptar las iniciativas necesarias que permitan reforzar el desarrollo de la norma catalana tras el fallo del Tribunal Constitucional.
También hace unos meses el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, dijo que el Estatut tiene un peso y una trascendencia que no tiene cualquier otra ley y apuntó que una vez conocida la sentencia habría que plantearse cualquier medida.
Cierto es que el Gobierno está obligado a cumplir el fallo conocido el lunes pero también que no puede dar la espalda a Montilla, recién proclamado candidato a las elecciones catalanas. Es precisamente el PSC, que cuenta, no hay que olvidar, con 24 diputados en el Congreso, la organización territorial del PSOE que más necesita ahora del apoyo de Zapatero, con unas encuestas que dan a CiU ganador de los comicios.
En el PP, cuadrar el discurso de Génova con el del partido en Cataluña tampoco es nada fácil. Autores de uno de los recursos al Estatut -impugnó más de un centenar de sus preceptos-, la importancia de sus resultados en los comicios catalanes, primeros de un largo periodo electoral que finaliza con las generales de 2012, no se oculta a nadie. No hay que olvidar tampoco que este fallo hace "mucho más difícil" una colaboración de CiU con los populares en el futuro, que podrían ser clave en la gobernabilidad de Cataluña si el partido de Artur Mas no obtiene mayoría absoluta.
Lo que aún no mengua son las reacciones. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, opinó ayer que lo que realmente crea "tensiones" en nuestro país es decir que, tras la aprobación del Estatut, España se iba a romper o que los catalanes tenían más privilegios que el resto de los ciudadanos, y no la norma catalana, como así, añadió, refrendó esta semana el Tribunal Constitucional. Mientras, el secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, sostuvo que la sentencia del TC sobre el Estatut alimenta a formaciones "extremas" como el PP y ERC.
