Los empleados públicos están convocados a un paro el 8 de junio en protesta por la rebaja salarial anunciada por el Gobierno, mientras los sindicatos de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF advirtieron al Gobierno de que, si no rectifica, las movilizaciones continuarán. A ellos se sumarán los pensionistas en una "movilización general", que no huelga general, aclaró UGT.
Así lo aseguraron ayer el secretario general de la Federación de los Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, el secretario de organización de la Federación de los Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero, y el secretario nacional de Formación del sindicato CSI-CSIF, Miguel Borra. Los tres dirigentes se reunieron para anunciar que la convocatoria de paro de este colectivo se retrasa del 2 de junio al día 8 porque el Gobierno debe aclarar en la Mesa General de la Función Pública a qué colectivos afecta el recorte.
Anunciaron que el jueves la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, se reunirá con los máximos dirigentes sindicales del sector público en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de medidas contra el déficit público.
No obstante, mantienen las manifestaciones previstas para el día 20 por la tarde y a las que se ha adherido un sindicato policial.
Precisamente, fuentes del Ejecutivo apuntaron a Efe que el Gobierno recopila datos de comunidades y ayuntamientos para fijar el baremo con el que rebajará el sueldo de los empleados públicos una media del 5% y del 15% para los altos directivos.
En este sentido, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó que en su caso con un salario bruto de unos 83.000 euros anuales, sin pagas extraordinarias, éste se reduciría entre 600 o 700 euros al mes.
Asimismo, UGT, CCOO y CSI-CSIF urgieron al Ejecutivo a que explique por qué a los trabajadores de empresas estatales que hayan firmado convenios colectivos no les afectará el recorte del sueldo.
Los tres dirigentes no descartaron que las medidas para reducir el déficit público conlleven además una respuesta más contundente en todo el mercado laboral.
En este sentido, el Consejo Confederal de UGT apoyó una convocatoria de una movilización general en defensa de los pensionistas, que coincida con la huelga en el sector público.
Así, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ante las preguntas de si la movilización general es una huelga general, respondió que "las palabras tienen su significado y no hay que hacer simplificaciones".
Por su parte, CCOO consideró que el Gobierno está llevando al país "a una situación de desastre" y con su plan de ajuste "está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que conduce a la confrontación".
Reforma laboral. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó ayer que el Gobierno debería actuar en el caso de que no se alcanzase un acuerdo de reforma laboral en el ámbito del diálogo social.
Granado señaló que así como en julio de 2009 "no procedía" una actuación unilateral del Ejecutivo, ahora la situación "es distinta" y "todo el mundo se reposiciona".
Por su lado, Corbacho insistió en que el diálogo social tiene que cerrarse este mes, y confió en que esta mesa no se rompa ni se convoque una huelga general pese al plan de ajuste.
