Rafael Postigo pasó, en 1964, de divertirse en la Velá de Santa Ana del barrio sevillano de Triana a la cárcel junto a una treintena de transexuales más "sin motivo ni razón". En 1968, Soraya González estaba en Punta Umbría (Huelva) la primera vez que la llevaron al cuartelillo por llevar un pañuelo en la cabeza mientras pintaba un chalé. Un mes después fueron a su casa y con 17 años la encarcelaron durante un mes. A Lola García la detuvieron en 1972 en un bar sevillano donde se reunían transexuales y en la cárcel la "pelaban al rape". Gracias a la Ley de Memoria Histórica, han sido indemnizados por la represión franquista sufrida simplemente por su identidad sexual.
La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA ) ha logrado que cinco mujeres transexuales y cinco hombres reciban la indemnización para ex presos sociales por su orientación sexual y actualmente tramita otros dos expedientes que confía en que se resuelvan favorablemente.
La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, señaló que Andalucía "es una de las comunidades donde más casos de este tipo se han resuelto", por lo que a la asociación han acudido transexuales de Asturias, Galicia o Barcelona para pedir asesoramiento sobre estas ayudas que tardan unos seis o siete meses y oscilan entre los 4.000 y los 12.000 euros según el tiempo de prisión. Así, para los encarcelados entre uno y seis meses, la Ley estipula una indemnización de 4.000 euros; para los que permanecieron entre seis y 12 meses retenidos 8.000 euros; y para aquellos cuya pena se prolongó entre uno y tres años, 12.000 euros.
Cambrollé recordó que los transexuales sufrieron de forma "brutal" durante esa época "por el hecho de ser diferentes" y que muchos fueron encarcelados "por su condición de homosexual", incluso las mujeres transexuales a las que "se les negaba su derecho a la identidad sexual".
Según los datos estadísticos del Gobierno, en España hubo unas 5.000 personas represaliadas por su condición sexual, de las que cerca de 2.000 han solicitado la indemnización. El resto "o han muerto o no quieren remover su historia", afirmó Cambrollé, quien también subrayó que "la indemnización es insignificante" porque "no hay dinero que pague el sufrimiento de estas personas y sus familias".
Así lo corrobora Soraya, quien afirma no tener secuelas aunque nunca perdonará "lo que sufrieron" sus difuntos padres. O Rafael, quien agradece a ATA haberle proporcionado "mucho más que un carné de identidad".
