La titular del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla ha admitido a trámite la querella presentada por la expresidenta de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, Laura Gómiz, contra el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, en defensa de su "honorabilidad" y "gestión profesional", y ha decidido remitirlo al juzgado de instrucción número 16, donde se siguen diligencias previas en torno a este caso, para la acumulación de ambos procesos generados en torno a la grabación de una conversación entre ambos.
Según el auto de la magistrada juez del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, Carolina Herencia, consultado por Europa Press, los hechos contra los que se presentó querella criminal "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Por ello, la juez ha decidido admitir a trámite dicha querella y considera "procedente" instruir diligencias previas, para lo cual dará cuenta de las mismas al Ministerio Fiscal.
Asimismo, esta misma juez ha apuntado que por esos mismos hechos se siguen diligencias previas en el juzgado de instrucción número 16, por lo que dicha magistrada ha decidido remitir el procedimiento al juzgado número 16 para "su acumulación" a las otras diligencias previas.
Laura Gómiz presentó a inicios de marzo una querella criminal contra el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, en defensa de su "honorabilidad" y "gestión profesional" y asegura que la grabación que efectuó Cantos de una conversación entre ambos está "manipulada y sacada de contexto".
Gómiz ha negado que existan irregularidades en su actuación y en la de Invercaria y ha rechazado "de plano" las acusaciones que se han vertido "de manera indiscriminada y en algunos casos descarnada".
Invercaria aseguró previamente que había "serios indicios de manipulación" en la grabación de las conversaciones en las que, presuntamente, la por entonces presidenta de esta entidad, Laura Gómiz, ordena al exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, para que presuntamente redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas.
Gómiz ha salido el paso "ante las graves acusaciones vertidas contra mi persona" y para defender su "honorabilidad" y su "gestión profesional" por lo que ha presentado una querella criminal contra Cantos en la pide que "se depuren las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido" aquél.
Gómiz asegura que la totalidad de la grabación ha sido objeto de un informe pericial emitido por un experto en sonido que concluye que "existen numerosos cortes, especialmente en mis frases e intervenciones en la conversación, cercenando de esta manera su significado global con el deliberado propósito de ofrecer un versión tergiversada que legitime la reclamación económica de Cantos".
La expresidenta de Invercaria rechaza "de plano" todas y cada una de las acusaciones que se han vertido contra ella "de manera indiscriminada y en algunos casos descarnada" y asevera que la conversación que Cantos "manipula" en su grabación obedecía a "la única circunstancia de la incorporación de expedientes archivados a un nuevo programa informático de gestión, el Programa Trewa", y la "falta de procedimiento" a la que se alude "hacía referencia exclusivamente a la ausencia de parámetros previos para ese proceso de archivo".
"De ningún modo se ha ejecutado nada irregular con tales expedientes", ha agregado Gómiz, quien alude a un informe de una consultora externa elaborado al efecto y al hecho de que Cantos "no aporte ni un solo indicio documental que permita atisbar, siquiera sea indirectamente, esas irregularidades que con sus manipulaciones pretende hacer creer ahora, a pesar de que, como directivo de Invercaria durante más de cinco años, tenía acceso permanente y directo a todos sus archivos y expedientes".
