-->--> -->La juez del caso Mercasevilla ha decidido aumentar el número de cargos de la Consejería de Empleo que pasarán por los juzgados en el marco de la investigación por el supuesto intento de cobro de comisiones a los empresarios del Grupo La Raza. Tras rechazarlo en una primera ocasión, la magistrada ha aceptado convocar para el próximo mes de septiembre al ex consejero de Empleo Antonio Fernández; al que fuera interventor general de la Junta y actual director general de Finanzas, Manuel Gómez Martínez; y a la ex responsable de Formación para el Empleo María José Lara. Todos declararán en calidad de testigos y en relación con la subvención que supuestamente ofrecieron los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce a cambio del pago de comisiones.
Las citaciones han sido solicitadas por el PP, personado como acusación particular en la causa. Los populares ya habían pedido en una ocasión anterior la citación del consejero de Empleo, Antonio Fernández, relevado por Manuel Recio en la última crisis del gobierno andaluz. El PP alegaba que su participación podía contribuir a aclarar los trámites que siguió la Junta para otorgar la citada subvención de 900.000 euros para la construcción de una escuela de hostelería. En abril, la magistrada decidió que con las declaraciones ya solicitadas había suficiente. El pasado 30 de junio, cambió de opinión, y esta vez sí citó al ex titular del área de Empleo y actual diputado autonómico por Cádiz. Fernández acudirá a los tribunales el 16 de septiembre, el mismo día que está citada la ex directora general de Formación para el Empleo, María José Lara, quien ya había sido convocada previamente.
No serán los únicos. La magistrada Mercedes Alaya ha decidido aceptar también la petición de los populares de que declare como testigo el recientemente nombrado director general de Finanzas de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, funcionario e interventor general de la Junta desde 2000 hasta el pasado mes de abril.
Con estas declaraciones la juez continúa su línea de investigación sobre la supuesta petición de comisiones en Mercasevilla centrándose en el papel de la Junta de Andalucía. Ya el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas fue imputado en este mismo proceso casi desde el inicio de las diligencias, condición que conserva desde entonces y que le ha costado ya su salida del puesto que ocupaba en la Consejería. De hecho, el pasado mes de marzo, el jefe de la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados mostró su "convencimiento personal" de que fue Rivas quien ordenó solicitar los 300.000 euros a los empresarios de La Raza a cambio del acceso a las subvenciones para la Escuela de Hostelería en Mercasevilla.
La juez ha ordenado investigar prácticamente todas las subvenciones realizadas desde la Consejería de Empleo a raíz de este caso y abrió incluso otra línea de investigación sobre qué ocurrió en la Junta de Andalucía desde que se conoció que existía una grabación en la que los ex directivos de Mercasevilla solicitaban comisiones hasta que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, también a instancias de la propia Junta. En estas decisiones participaron altos cargos de la Consejería, como Juan Gallo, comisario de la Memoria histórica, o el ex viceconsejero Agustín Barberá, quien dejó su cargo a raíz de la entrada en esta cartera de Manuel Recio. Ambos ya han declarado. Según el relato que la Junta y los empresarios realizaron de estos hechos, fue Juan Gallo el primero en conocer la existencia de la grabación y varios días después se produjo una reunión en el Parlamento andaluz en la que estuvieron presentes tanto el ex consejero de Empleo, como Barberá y el propio Rivas.
En este mismo auto la juez da por desestimado el recurso planteado por otra de las imputadas, la directiva de Mercasevilla, Regla María Pereira, para pedir el sobreseimiento de la causa abierta contra ella.
