La juez de lo Mercantil de Sevilla ha fijado para los meses de junio y julio los primeros 20 juicios por las impugnaciones presentadas al informe del administrador judicial sobre la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa, que reconoce 1.653 acreedores y un "agujero" de 86 millones de euros.
Fuentes del caso han dicho hoy a Efe que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla solo ha admitido una docena de las 265 impugnaciones presentadas por los abogados del dueño de la empresa, José Salas Burzón.
Las restantes alegaciones han sido presentadas por alguno de los 1.653 afectados y se refieren a discrepancias sobre el valor de sus inversiones en Contsa, mientras que las del empresario se centran en la valoración de sus activos y en diferencias sobre la lista de deudores.
El informe de los administradores judiciales de la inmobiliaria apreció un "agujero" de 86,8 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, y fue uno de los detonantes para que la juez decretase el 3 de octubre de 2008 el ingreso en prisión incondicional del empresario, situación confirmada poco después por la Audiencia provincial.
La empresa, que captaba pequeños ahorradores con la promesa de intereses de hasta el 40 por ciento, solo ha reconocido ante el Juzgado de lo Mercantil 609 acreedores y unas deudas de 49,3 millones de euros.
Las fuentes han explicado a Efe que, una vez celebrados los juicios por estos "incidentes concursales", la juez de lo Mercantil emitirá después del verano la correspondiente sentencia, cuyos extremos deberán ser incorporados al informe definitivo de los administradores judiciales.
No obstante, su decisión es recurrible ante la Audiencia, lo que prolongará la cuantificación definitiva de la realidad patrimonial de la inmobiliaria.
De forma paralela a esta vertiente mercantil, el juzgado de instrucción 17 de Sevilla tramita otra denuncia de varios inversores contra Salas Burzón y su esposa por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y delito societario.
Además, el matrimonio ha sido imputado por dos juzgados diferentes por un presunto delito fiscal de 6 millones de euros en sus declaraciones del IRPF y la esposa declarará ante el juez el próximo 21 de enero.
