Manuel Ruiz de Lopera llegó ayer al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a las 8.30 de la mañana y no salió de allí hasta las 21.15 de la noche. Estuvo casi trece horas en las dependencias judiciales y dedicó seis de ellas a declarar ante Mercedes Alaya, la magistrada que instruye la causa contra él por un presunto delito societario.
Luego hizo un descanso para que los abogados almorzasen, a la hora de la merienda, después escuchó y firmó el acta de su declaración y finalmente oyó como la acusación, representada por las tres asociaciones opuestas a su gestión, solicitaban a la jueza la adopción de cuatro medidas cautelares: la intervención y administración judicial de las acciones que presuntamente ha vendido a Luis Oliver, la intervención judicial del club y el embargo de las cuentas del propio Lopera. La Fiscalía se opuso a todas estas medidas, igual que la defensa del antiguo máximo accionista del Betis. La decisión de la jueza se conocerá entre hoy y mañana.
Fue una jornada larga, larguísima, interminable, eterna, en los juzgados del Prado de San Sebastián. Lopera llegó allí a las 8.30 de la mañana, dos horas antes del momento en que había sido citado. Quería evitar a los medios y a los manifestantes en su contra y lo consiguió. Entró en el edificio como un ciudadano más y subió a la segunda planta, donde se encuentra el juzgado en cuestión. Hasta algo más de las 11.00 no entró en el despacho de la jueza Alaya para someterse a las preguntas de la magistrada, de sus propios abogados y de los letrados que representaban a Por Nuestro Betis (PNB), Béticos por el Villamarín (BxV) y la Liga de Juristas Béticos.
“Ha hablado en los términos previstos. Ha defendido su gestión en el Betis, ha dicho que no hay ninguna acción antijurídica en lo que ha hecho, no ha querido contestar a ninguna pregunta relacionada con el 92 porque dice que hay una resolución de la Audiencia que le impide hablar de esos temas y en general ha dicho que él no ha ocasionado ningún perjuicio con la gestión de Tegasa y Encadesa sino al contrario, que él ha beneficiado al Betis con su gestión”, resumió seis horas después Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas.
Lopera no sólo se negó a hablar de las acciones que le permitieron acceder al poder hace 18 años. Tampoco quiso decir ni una palabra de lo que ocurrió con Betis Sport ni por supuesto de la venta de su paquete accionarial a Bitton Sport y a Luis Oliver. Lo que sí hizo fue reivindicar su gestión a costa de mandar un mensaje “apocalíptico”, en palabras de Cuéllar: “Ha pedido que conste en las actuaciones que de aquí a poco tiempo la situación económica del Betis probablemente será peor que en 1991 [antes de que él se convirtiese en máximo accionista]. Ha dicho que la situación del Betis va a ser muy mala, probablemente calamitosa”, explicó el abogado. Ante la jueza, literalmente, Lopera aseguró que el pésimo estado del club en junio de 1992 “se queda en pañales” comparado con lo que está por venir.
El perito “antiloperista”. El dirigente verdiblanco también dejó algunas otras perlas. Porejemplo, en mitad de las preguntas, la jueza llamó a los dos peritos que ya elaboraron el informe de las cuentas del Betis entre 1992 y 1997 y ahora están realizando el correspondiente a los diez siguientes años. Lopera no llegó a ver a los inspectores de Hacienda, que además salieron del juzgado sin querer hacer declaraciones, pero ya ante Alaya denunció que uno de ellos “es un antiloperista reconocido desde hace cinco años”.
También se avino a hablar sobre las famosas obras del estadio, de las que en su día afirmó que las había ejecutado con su “sangre”, aunque en esta ocasión cambió el discurso: “Ha dicho que el Betis ha sufragado totalmente todas las obras del estadio, que no hay un céntimo que no haya pagado el Betis”, reveló Cuéllar.
La declaración de Lopera terminó pasadas las cinco de la tarde. Luego hubo un receso de una hora para que la jueza revisase el acta, pero el descanso se amplió a dos horas. Unos minutos después de las siete de la tarde, Lopera y todas las partes fueron llamadas por la magistrada para que leyesen el acta y le diesen su conformidad.
Y por fin llegó la hora de que la acusación pidiese las medidas cautelares. Fue PNB la que solicitó la intervención judicial del club, al estilo de lo que ocurre hoy en día con el Xerez. También fue PNB la que, junto a la Liga de Juristas, exigió la intervención y administración judicial de las acciones presuntamente vendidas a Oliver hasta que finalice esta causa. Cuentan que en ese momento se le humedecieron los ojos a Lopera y que estuvo a punto de llorar. Pero también era evidente que salió del despacho de Alaya con cierta satisfacción en su rostro. Algo tuvo que ver la decisión de la Fiscalía de oponerse a todas las medidas pedidas por los grupos opositores. Entre hoy y mañana sabrá si sus argumentos convencieron a la jueza o si es al contrario y la justicia anula el proceso de venta a Luis Oliver y le desposee de cualquier poder político en el Betis.
