El Gobierno andaluz aprobará previsiblemente el martes el plan de reequilibrio financiero sin el apoyo de los sindicatos. La Junta aceptó ayer modificar el plan con medidas propuestas por los funcionarios y avaladas por IU. Las dos más importantes son que se minimizará el impacto del recorte salarial a los interinos -se reducirá su jornada laboral y su sueldo un 10%, en lugar de un 15%- y no se tocarán las nóminas de los empleados públicos mileuristas. Pero no ha sido suficiente.
La negociación entre la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y los representantes de CSIF, CCOO y UGT terminó, después de cuatro horas, con un clima más cordial que el de las últimas semanas. Ambas partes reconocieron el esfuerzo, las propuestas y la voluntad de diálogo del otro, pero a partir de ahora "a cada uno le toca representar su papel". El de la Junta es aprobar el decreto cuanto antes para que el recorte en los salarios públicos empiece a aplicarse el 1 de julio. Y el de los sindicatos es defender su fuero y mantener el calendario de protestas en la calle.
En los próximos días, el Gobierno andaluz volverá a enfrentarse a una dura guerra sindical, similar a la que vivió con la reforma del sector público. Además verá venir las protestas en oleadas dispersas y desde diversos frentes. No hay unidad sindical en estos momentos, aunque las organizaciones compartan objetivos y su oposición al plan de ajuste sea homogénea. La indignación de los funcionarios se traducirá en movilizaciones diseminadas, por un lado los que tienen presencia en la Función Pública (CSIF ha convocado el día 26), y por otro los sectoriales (profesores, médicos, enfermeros, personal de la Administración), que se manifiestan el día 20.
El riesgo que asume la Junta a partir de ahora es grande, pero otro camino era "intransitable". Significaría rebelarse a Madrid, rebelarse a Bruselas y obviar que la banca española está intervenida y que el FMI, ayer mismo, exigió al Gobierno español que suba el IVA de inmediato y que reduzca el salario a todos los funcionarios de manera fulminante. Pese a las presiones sindicales, la consejera de Hacienda no aparta la mirada del compromiso que firmó en el Consejo de Política Fiscal (reducir el déficit al 1,5% del PIB este año) y, sobre todo, evitar que el Gobierno de Mariano Rajoy vuelva a amagar con retirarle a Andalucía los 2.700 millones para pagar a proveedores. "Es importante que esa capacidad de las empresas andaluzas no se vea comprometida", dijo.
Otras medidas. Otras de las medidas que modificarán el plan es que las pagas extraordinarias no se eliminarán por completo, se mantendrá el concepto de paga adicional en un importe del 1%. Ese importe se descontará prorrateado en el complemento específico de las nóminas mensuales de enero a diciembre, lo que "permitirá que su recuperación sea más fácil". También se incluirá una "cláusula de reversibilidad" de estas medidas, aunque no se precisó cuál es ese límite temporal ("cuando los ingresos de la Junta se recuperen").
Por último, el Consejo de Gobierno asumirá un esfuerzo mayor, con un recorte salarial del 7,5%, en lugar del 5% que se le aplica a los funcionarios. Este tijeretazo afectará al presidente, los consejeros, viceconsejeros y secretarios, pero no a los directores generales ni delegados provinciales ni a directivos de empresas públicas.Todos estos cambios están presupuestados en 25 a 30 millones, no los 40 que propuso IU. El dinero saldrá del capítulo uno (el recorte de 777 millones en nóminas) y se cargarán al dos (bienes corrientes y servicios) y al cuatro (transferencias corrientes).
Aguayo sigue sosteniendo que el recorte salarial , el que más solivianta a los funcionarios, viene impuesto por el Gobierno, a través de la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales. La Junta dice que la ejecución directa de esa medida supondría el despido de 24.000 trabajadores, y en lugar de eso se ha optado por repartir el golpe solidariamente aminorando las nóminas.
CSIF no comparte esta máxima. Su presidente, José Luis Heredia, recordó que el Gobierno impedirá cubrir las jubilaciones en el futuro, y eso supondrá "al margen del plan andaluz, la pérdida de 20.000 empleados públicos mínimo y 30.000 máximo". El portavoz de CCOO, José Blanco, criticó que la Junta "no haya buscado más margen de ahorro por la vía de ingresos que por la de los gastos". Y el de UGT, Antonio Tirado, se quejó de que Hacienda no les diera datos para distinguir qué ajustes son achacables al Gobierno y cuáles a la Junta.
