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La Junta anula los plazos del Metro hasta garantizar la seguridad de la línea

El socavón del Metro que provocó el derrumbe de un quiosco en Puerta Jerez ha obligado a replantear toda la estrategia política y técnica. Los plazos vuelven de nuevo a quedar en un segundo plano. La Junta garantizó el jueves la seguridad de la calzada y de los edificios y abrió un expediente informativo a las empresas. Foto: Javier Díaz.

el 15 sep 2009 / 19:01 h.

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J. A. / M. J. F.

El socavón del Metro que provocó el derrumbe de un quiosco en Puerta Jerez ha obligado a replantear toda la estrategia política y técnica. Los plazos vuelven de nuevo a quedar en un segundo plano. La Junta garantizó el jueves la seguridad de la calzada y de los edificios y abrió un expediente informativo a las empresas.

Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento aluden ya a la fecha de inauguración prevista para la línea 1. Todo son llamamientos a la seguridad y a la reparación de los desperfectos causados. A la espera del informe que debe realizar la Unión Temporal de Empresas concesionaria de la obra -formada por Dragados, Sacyr y GEA 21-, más de treinta operarios y técnicos de las empresas constructoras trabajaron desde última hora de la tarde del jueves en el entorno de la Puerta Jerez. La zona siguió ayer cortada al tráfico, lo que obligó a mantener desviadas las líneas de autobuses, una situación que el Ayuntamiento solicitó que se resolviese lo antes posible.

Tras estos primeros trabajos, Metro de Sevilla garantizó que los inmuebles de la zona y la calzada no están afectados por las filtraciones de agua provocadas por una fisura en la junta de las pantallas que delimitan la estación de la Puerta Jerez. Los técnicos revisaban ayer hasta qué punto estaban afectadas estas pantallas, lo que puede ser determinante en el informe definitivo que elabore la concesionaria y que determinará la fecha de inauguración de la obra.

Pese a las garantías de seguridad que dio el jueves Metro de Sevilla, la preocupación de los vecinos y comerciantes de la zona ha obligado a Ferrocarriles Andaluces a prometer una revisión en profundidad de los inmuebles del Cristina -algunos de ellos aseguraron a Europa Press que suferen "temblores desde el inicio de la obra" y de la Casa de la Moneda el próximo miércoles.

La primera parte de estos trabajos de reparación de los daños causados por el socavón arrancó en la misma noche del martes, cuando llegaron las máquinas destinadas a cubrir de hormigón el agujero. Los restos del quiosco quedaron dentro. Según algunos de los operarios de la zona, la estructura se deshizo de tal forma que fue imposible sacar la estructura del fondo. Ésta quedó en una zona que no afecta a la obra: en la parte exterior de la pantalla de la estación.

Desde la Conjejería de Obras Públicas -cuyo titular, Luis García Garrido, se reunió ayer con los portavoces parlamentario- rechazaron la posibilidad de concretar fechas para la inauguración de la línea 1. Tampoco el Gobierno de la ciudad quiso hacer referencia al 20 de diciembre: "El Ayuntamiento está completamente de acuerdo con la Junta en que lo principal es garantizar la seguridad de los pasajeros que en un futuro van a usar el Metro", apuntó la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño.

En similares términos se expresó la delegada del Gobierno andaluz, Carrmen tovar: "Aunque el plazo podría mantenerse, ahora es secundario. Lo más importante es la seguridad. Si hay que perder diez días o un mes, se pierde. No importa el tiempo que se emplee en seguridad complementaria".

Nadie habla esta vez de sanciones, ni de responsabilidades, como sí ocurrió cuando se desplomó la viga sobre la SE-30 en agosto de 2006. Pese a esto, Ferrocarriles Andaluces ha abierto un nuevo expediente a las concesionarias, cuya resolución depende del informe que se elabore sobre las causas de la fisura en la pantalla y de las filtraciones.

En cualquier caso, cuando se produjo el incidente sobre la circunvalación -en el que no hubo víctimas gracias a la actuación de los operarios- quedó de manifiesto la escasa capacidad de maniobra de la Junta. Las sanciones por una irregularidad "grave", como se consideró aquel siniestro, oscilan entre 5.000 y 20.000 euros. Se optó entonces por el máximo.

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