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Expropiarán a los bancos las casas de los desahuciados en riesgo

La administración multará con 9.000 euros cada casa vacía en manos de bancos, promotoras o inmobiliarias, mientras que los propietarios individuales no serán sancionados.

el 09 abr 2013 / 13:47 h.

Elena Cortés informa del decreto. Elena Cortés informa del decreto. Andalucía no tiene apenas potestad para legislar contra los desahucios –reside en el Estado–, pero cuando IU llegó al Gobierno andaluz declaró a la comunidad insumisa frente a los desalojos y aseguró que exprimiría al máximo sus competencias para luchar contra este drama social, que afecta a 45 familias al día. La Junta aprobó ayer la norma estrella de IU –y la primera gran ley del Gobierno de coalición– que pretende sacar a alquiler el “inmenso” stock de pisos vacíos (entre 700.000 y un millón) para garantizar la función social de la vivienda. La administración multará con 9.000 euros cada casa desocupada que pertenezca a los bancos, promotoras, inmobiliarias o sociedades de gestión y dará ayudas a los propietarios privados –éstos nunca serán sancionados– que alquilen sus pisos vacíos. Además, la Junta podrá expropiar durante tres años aquellas viviendas sobre las que pese un expediente de desahucio, siempre que vivan en ellas familias en riesgo de exclusión social. La patronal de la construcción ha amagado con llevar el decreto a los tribunales y el PP criticó el “radicalismo” de IU. La expropiación es el punto más novedoso y a la vez más peliagudo del decreto-ley aprobado ayer, una norma que ha suscitado un tenso pulso entre IU y PSOE, más reacio a enfrentarse a empresarios y bancos. En una disposición adicional se establece que la Junta podrá expropiar el uso de las viviendas que se encuentren en un proceso de lanzamiento o ejecución hipotecaria solo si se dan situaciones excepcionales: que se trate de la residencia habitual, que ningún miembro de la familia posea otra en propiedad, que se encuentren en riesgo de exclusión o “de amenaza para la salud física o psíquica de las personas”, explicó en rueda de prensa la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). La Junta pagará al banco que se haya quedado con la vivienda embargada un 2% del justiprecio al año, eso es, del precio al que saldría a subasta, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones. Es decir, si un piso se adjudicaría en subasta pública por 50.000 euros, la administración autonómica pagaría por él 1.000 euros cada año. La familia auxiliada deberá pagar a la Junta un alquiler equivalente al 25% de sus ingresos globales. El Gobierno andaluz solo expropiará viviendas que estén inmersas en un procedimiento de ejecución hipotecaria, o sea, se excluyen los posibles desahuciados por no pagar un alquiler. La consejera no dio cifras de cuántas expropiaciones prevé su departamento, pero de momento hay un cálculo orientativo: 119 familias andaluzas han pedido protección a la Junta a través de las oficinas provinciales antidesahucios. Ahora habrá que ver si reúnen los requisitos para acogerse a esta medida excepcional. Tampoco concretó Elena Cortés el presupuesto que está dispuesto a gastar la Junta en expropiar viviendas, pero dejó claro que esta medida tiene “soporte presupuestario”. El otro aspecto polémico del decreto son las sanciones. Que una persona jurídica (bancos, inmobiliarias o promotoras) tiene una vivienda vacía se considerará muy grave y se multará con 9.000 euros por cada casa. Lo recaudado se destinará a financiar políticas públicas de vivienda. La consejería pretende que estos grandes propietarios –que poseen más de la mitad de los pisos sin ocupar– se decidan a alquilar sus promociones. Las personas físicas nunca serán sancionadas, al contrario, recibirán incentivos si arrendan sus viviendas deshabitadas, unas subvenciones que se regularán en el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación. El procedimiento para multar es el siguiente: en un mes estará listo el plan de inspección que permitirá a esta consejería controlar y censar las viviendas (se encargarán de ello los inspectores de ordenación del territorio). El departamento de Elena Cortés se fijará en aspectos como el consumo de luz o de agua para determinar que una casa lleva más de seis meses vacía y entonces abrirá un expediente. Si el propietario es una entidad jurídica, se le sancionará. La consejería prepara en paralelo un registro desocupadas para “arrojar luz” a esta situación. plan de choque // El decreto entrará en vigor el jueves, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), aunque se tramitará en el Parlamento como proyecto de ley. La consejera aseguró que la norma actuará como un “plan de choque urgente para corregir una situación de injusticia, de absoluta emergencia social”. Cortés, que era la segunda vez que comparecía tras el Consejo de Gobierno, tuvo un discurso duro, muy político, en el que disparó contra el Ejecutivo del PP, que ayer mismo dejó sin contenido la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso. IU contrapuso la posición del PP en Madrid con la actuación de la Junta de Andalucía contra los desahucios. “El Gobierno andaluz ha dicho basta, hasta aquí hemos llegado”, sentenció la consejera, que alabó la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el punto de mira por los escraches, y de los sindicatos. Cortés reconoció que la norma de IU, que es pionera, supone un “cambio radical” a las políticas llevadas a cabo hasta ahora, aunque eludió criticar al PSOE. Para hacer realidad este decreto, la Junta modificará hasta cuatro leyes socialistas –incluida la fallida Ley de Vivienda–. Preguntada por si teme que el Gobierno de Mariano Rajoy recurra la norma al Constitucional, la consejera respondió que tiene “garantía jurídica plena como la luna llena” e hizo un repaso a los artículos de la Constitución, el Estatuto y la legislación europea para avalar su amarre jurídico. Cortés  admitió que no ha negociado ni siquiera comunicado a los bancos y empresarios el contenido del decreto, uno de los pilares del programa de IU y del acuerdo sellado con el PSOE. La situación de indefensión de las familias “no es soportable ni ética ni políticamente”, afirmó Cortés, con casi 86.000 desahucios desde 2007.

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