La propuesta del Gobierno central de liberalizar los horarios comerciales, que obligará a acotar en Sevilla y otras 13 ciudades zonas de gran afluencia turística donde las tiendas puedan abrir cuando quieran, ha chocado no solo con la oposición del pequeño comercio y los sindicatos sino también de la Junta. El Gobierno andaluz cree que el Estado invade competencias autonómicas y, al igual que la Generalitat catalana, amenaza con recurrir la normativa. Su postura es clave porque aunque es el ayuntamiento el encargado de decidir qué parte de la ciudad quiere que sea declarada zona de gran afluencia, tal declaración debe ser aprobada por la Junta.
El Gobierno prevé ampliar de ocho a diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura (a partir de ahí las comunidades fijan el máximo), de 72 a 90 horas semanales el horario comercial los días laborales y la declaración de zonas de afluencia turística sin restricción alguna en ciudades de más de 200.000 habitantes y que regustren más de un millón de pernoctaciones anuales (o 400.000 pasajeros de cruceros), un requisito que cumplen 14 capitales, entre ellas Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba. Los alcaldes de las dos últimas capitales se mostraron ayer favorables a la medida. El Consistorio hispalense, que en mayo planteó flexibilizar los horarios en el Centro pero se retractó ante el rechazo de Aprocom, se limitó el lunes a garantizar el consenso con el sector a través del Consejo Municipal de Comercio, que se constituirá a final de mes.
La Ley de Comercio Interior de Andalucía fija un máximo de ocho domingos y festivos de apertura, una jornada semanal de 72 horas y libertad horaria para los comercios de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de estaciones y aeropuertos y las de determinadas zonas turísticas para ciertas fechas (en Andalucía hay 24, 23 en la costa y Jerez pero solo durante el Mundial de Motociclismo). El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, defendió ayer en un comunicado que esta norma está basada en el "consenso con los agentes socieconómicos" y alertó de que una mayor liberalización tendrá un "impacto negativo" sobre las pymes y el empleo.
CON CATALUÑA
El Gobierno comunicó a las comunidades su intención de modificar la Ley estatal de Horarios Comerciales durante la Conferencia Sectorial de Comercio Interior y rápidamente, la Confederación Empresarial del Comercio (CECA) y los sindicatos pidieron a la Junta que recurra la norma. Cataluña ya ha anunciado que irá al Constitucional por invasión de competencias. El Ejecutivo andaluz está a la espera de ver el decreto o decreto-ley pero deja claro que se alinea con la tesis catalana y sus servicios jurídicos estudiarán las posibles medidas legales a adoptar. Hoy comparecerá el consejero para aclarar su posición y el viernes ha convocado el Consejo Andaluz de Comercio.
En Sevilla, patronal, sindicatos y consumidores coinciden en denunciar que "nadie está pidiendo" esta reforma porque "el 80% del comercio del Centro ya puede abrir cuando quiera" al ser tiendas de menos de 300 metros y "si no lo hacen es porque no hacen caja". Alegan que la liberalización solo beneficia a las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio y que la experiencia demuestra que no se traduce en creación de empleo sino al contrario, en destrucción de éste por el cierre de las pequeñas tiendas de proximidad incapaces de competir con los grandes almacenes y en pérdida de derechos para los trabajadores y de opciones de elegir para los clientes.
