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La Junta comunica a Hacienda que tiene 2.763,3 millones de euros pendientes de pago a proveedores

el 17 abr 2012 / 16:16 h.

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La Junta de Andalucía ha comunicado al Ministerio de Hacienda que  tiene un total de 772.753 facturas pendientes de pago (con fecha  anterior al 1 de enero de 2012) por un importe global de 2.763,3  millones de euros correspondientes a consejerías, agencias  administrativas, agencias de régimen especial, Servicio Andaluz de  Salud (SAS) y entes instrumentales considerados administración a  efectos de la contabilidad nacional.

Así lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior a  la reunión semanal del Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda y  Administración Pública en funciones, Carmen Martínez Aguayo, que ha  detallado estas facturas pertenecen a un total de 5.107 proveedores,  de los que 1.170 son autónomos o empresas unipersonales y 3.937 son  sociedades, así como que el 97 por ciento de esas facturas pendientes  de pago corresponden a gasto sanitario.

Martínez Aguayo ha explicado que la Junta ha remitido esta  información al Ministerio de Hacienda "cumpliendo los plazos  previstos" por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que  fijaba que debía ser enviada por las diferentes comunidades autónomas  antes del 15 de abril.

Respecto al hecho de que el ministro de Hacienda y  Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, haya situado la cifra  de la deuda de Andalucía con proveedores en los 3.000 millones de  euros, Martínez Aguayo se ha mostrado convencida de que la cifra que  ella ha dado este martes es "razonablemente la que es" y que no prevé  que vaya a tener una gran "variabilidad".  

La consejera ha aprovechado para hacer una comparación con las  cifras que ya han aportado otros gobiernos autonómicos de manera  oficial. Así, ha indicado que Castilla-La Mancha, con un presupuesto  cuatro veces menor al andaluz, ha anunciado 2.510 millones de euros  pendientes de pago a proveedores; Murcia (con un presupuesto siete  veces menor), 1.200 millones, y Castilla-León (con un presupuesto  tres veces menor al de Andalucía), 1.066 millones de euros.  

En este sentido, según ha agregado, en Andalucía serían 328 euros  por habitante; en Castilla-La Mancha, 1.187 euros por habitante;  Castilla y León, 417, y Murcia, 816 euros por habitante.  

COMPROBACION DE FACTURAS

La Consejería de Hacienda ha habilitado distintos medios para que  los proveedores puedan acceder al mecanismo extraordinario de  financiación de una manera rápida y fácil, así como un dispositivo de  apoyo y consultas para todos los órganos gestores implicados.

Desde el día 15 de abril, todos los proveedores del sector público  andaluz tienen un acceso en la página web  www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica / en el que  pueden comprobar la relación de facturas de su titularidad y  solicitar  

certificaciones individuales para las que no hayan sido incluidas en  la relación remitida al ministerio. Estas últimas se podrán enviar  por correo electrónico desde la misma página de acceso. Así,  cualquier error u omisión podrá ser subsanado y serán incluidas todas  las facturas que se soliciten y cumplan los requisitos establecidos.

Este sitio web ofrece además información general del mecanismo de  financiación y su procedimiento posterior, ya que los proveedores,  una vez que comprueben que todas las facturas de las que son  acreedores están incluidas en la relación certificada, deberán  acceder a la página de la Agencia Estatal de Administración  Tributaria y manifestar expresamente que se acogen a la fórmula  extraordinaria de cobro de todas, ninguna o parte de las mismas. Este  acceso estará operativo a partir del 2 de mayo.

Las facturas incluidas en la relación cumplen, según consta en  certificados de las entidades acreedoras, con los requisitos exigidos  en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la  Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Entre estas  condiciones figuran las de ser vencidas, líquidas, exigibles y  constar registro de entrada en la Administración autonómica con fecha  anterior al 1 de enero de 2012.

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