La Junta confía en que los 85 registros civiles de la comunidad estén completamente digitalizados a finales de esta legislatura, según anunció ayer la consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, tras participar en Madrid en la conferencia sectorial de Justicia.
Naranjo detalló que el Gobierno autonómico intentará que la digitalización de los 19.000 tomos que hay en esos juzgados esté completada al 100% en los próximos años. Por el momento, aseguró la consejera, el proceso de digitalización pretende completar esta operación en los juzgados de Málaga y Almería.
Naranjo explicó que en la reunión ayer con el resto de consejeros españoles de su competencia también se abordó la homologación de los sistemas informativos para la coordinación entre administraciones y la reforma de la planta judicial, con la especialización de los juzgados de violencia de género.
Naranjo calificó también de "sensato" que el Gobierno de la Nación atribuya a las comunidades autónomas, a los gobiernos locales así como a las propias familias la decisión exhumar los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil que permanecen enterrados en fosas comunes.
"No hay que poner sólo la patata encima de las comunidades autónomas sino que la reparte entre los interesados", aseguró Naranjo. "Es lo más sensato en esta relación, que puedan tomar decisiones los gobiernos autonómicos, los municipios y los familiares", añadió la consejera andaluza de Justicia.
La vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Francisca Maqueda, indicó en declaraciones a Europa Press que "lo importante es crear una Oficina de Atención a las Víctimas" porque, lamentó, "en este país lo relacionado con la búsqueda de fosas se delega en las asociaciones".
Homogeneizar salarios. El Ministerio de Justicia y las comunidades decidieron también elaborar un estudio sobre las diferencias en las retribuciones salariales de los funcionarios en las distintas autonomías para ver los efectos de esas desigualdades.
Según anunció el ministro Mariano Fernández Bermejo, esta iniciativa no debe ser interpretada como un intento de homogeneizar los sueldos, puesto que este aspecto también depende de las comunidades, sino que se trata de valorar los efectos que esas diferencias salariales crean en la Administración de Justicia.
Entretanto, los magistrados y jueces de Málaga estudiarán posibles medidas de presión ante la precariedad de medios con la que denuncian que trabajan, sin excluir a la huelga, anunciaron ayer.
