El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, anunció hoy que la Junta estudia una modificación del Reglamento o la Ley de Aguas para garantizar un mínimo vital de suministro hidríco para todos los ciudadanos que evite el corte total de agua a aquellos con dificultades económicas para pagar los recibos, un colectivo en aumento ante la crisis.
Valderas hizo este anuncio en el marco de unas jornadas sobre pobreza energética organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz y tras señalar que mientras en el caso del suministro eléctrico las competencias de la Junta son limitadas si bien se está planteando presentar una Proposición de Ley al Congreso para que se garantice también un mínimo vital de electricidad, en el caso del agua a través de la Dirección de Consumo de la Consejería de Administraciones Públicas que dirige se está planteand una modificación normativa, en la Ley o el Reglamento de Aguas, que permita garantizar este mínimo recurso hídrico.
La pobreza energética, especialmente en electricidad, afecta a más de 550.000 andaluces que según el vicepresidente han sufrido cortes de luz por no poder pagar la factura en algún momento. Una realidad que confirmó el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien reconoció que cada vez son más las quejas que llegan a su Oficina de familias que piden aplazamientos para el pago de los recibos y evitar los cortes, un asunto que junto a los problemas para el pago de hipoteca y alquileres copan 600 quejas de la institución. Maeztu llegó a aludir a familias que devuelven los alimentos crudos que les dan las ONG por no poder cocinarlos o a niños que no pueden estudiar porque en su casa no hay luz "como se están dando casos ya en el Polígono Sur". Por ello pidió regulaciones normativas comunes al respecto que, señaló, no tienen que ser excluyentes sino complementarias a otras ayudas como el Salario Social o las prestaciones por desempleo.
En este sentido, Valderas hizo autocrítica y reconoce que "vamos demasiado lentos" en la búsqueda de soluciones a estos aspectos mienras crece el número de familias vulnerables y señaló que "el tema de la energía es un problema de Estado", por lo que aludió al trabajo desde el Gobierno andaluz para aprobar una Proposición de Ley en el Parlamento que se lleve al Congreso y reclame al Ejecutivo central la garantía de un suministro vital mínimo de electricidad.
También recordó que en el Plan de Inclusión Social la Junta ha puesto en manos de los ayuntamientos 7,5 millones de euros para ayudas en este sentido. Sin embargo, admitió que en materia de aguas el Ejecutivo andaluz sí tiene un margen de competencias y aunque hay "otras vías presupuestarias por vía impositiva o ayudas", abogó por la reforma legislativa de la normativa de aguas para garantizar ese suministro vital. En este sentido anunció que desde su consejería se está impulsando una reunión con el resto de departamentos del Ejecutivo para abordar este cambio normativo "también de acuerdo con el sector" al recordar que la gestión del suministro del agua no solo está en manos de empresas públicas sino también privadas, al igual que la energía, a las que hay que tener en cuenta.
