"Entiendo perfectamente a los trabajadores públicos, el recorte es injusto, desproporcionado e insolidario". Posiblemente al funcionario que en julio vea cómo le meten la mano en la nómina le conmoverá poco el discurso político que ayer entonó la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, después de que el Gobierno aprobara un recorte histórico de 2.700 millones de euros. La Junta culpó directamente al Gobierno de Mariano Rajoy y aseguró que procedía por responsabilidad pero sin compartir que éste sea el camino. Los empleados públicos, los más afectados por esta ola de ajustes, están en guerra y hoy van a gritarlo en la calle en protestas convocadas por CSIF, CCOO y UGT. Nóminas e inversiones se llevan la peor parte del recorte presupuestario más duro de la historia.
El Gobierno aprobó ayer el decreto-ley de medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio financiero de la Junta de Andalucía. Traducido: más impuestos, frenazo a las inversiones y tijeretazo a los sueldos del sector público. Medidas para compensar 3.500 millones que se caen del Presupuesto andaluz de 2012. Se tramitará en el Parlamento como proyecto de ley -aunque ya estará en vigor- para seguir negociando.
Por la vía de los impuestos, Hacienda prevé acopiar casi 1.000 millones. Sube el IRPF para las rentas por encima de los 60.000 euros y el Impuesto de Patrimonio, se agota el margen de subida para el céntimo sanitario -que afecta directamente a la gasolina- y se aumentan las tasas sobre el juego. La Junta tiene poco margen más. Su financiación depende directamente de los ingresos que le llegan desde el Estado.
El grueso de los ajustes para reconducir al 1,5% del PIB el déficit público recae sobre gastos e inversiones. Suprimir 2.700 millones de euros sin basarse en el capítulo de gastos corrientes (nóminas) era un ejercicio matemático casi imposible. De los 32.020 millones del Presupuesto, ese apartado representa el 30,8% (9.853). La consejera de Hacienda explicó que se suprimirán 750 millones en salarios. Culpó al Gobierno de Rajoy por imponer a los empleados públicos dos horas laborales más, hasta las 37,5 horas semanales. Según la Junta eso suponía directamente despedir a 24.000 trabajadores. El PP lo desmintió rotundamente. Con el recorte "solidario" en las nóminas, defendió Aguayo, salvan empleo. La Junta descarta privatizar servicios públicos y saca pecho por no cerrar quirófanos o colegios. Se recortarán en salarios 30 millones menos de los previstos tras las negociaciones con los sindicatos y los cambios propuestos por los socios, Izquierda Unida. Para los funcionarios prácticamente se eliminan las pagas extras de junio y diciembre. La cantidad que cobren como extraordinaria se prorrateará y se descontará cada mes. Se suspenden las gratificaciones y las horas extras, informó la Junta. Disminuye un 10% los pluses por productividad, especialmente grave para los sanitarios. Para los interinos la rebaja de sueldo y horario será finalmente del 10%, frente al 15% propuesto. Los mileuristas no estarán afectados y los altos cargos subirán su recorte al 7,5%. Adiós a las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo. Los ajustes acabarán en 2013, solo si la Junta recupera sus ingresos.
Profesores, médicos, enfermeros o personal de justicia subirán los decibelios de sus protestas. La Junta mira hacia arriba, exactamente igual que el Gobierno de Rajoy señala con el dedo a Bruselas.
