Los recortes aprobados por el Gobierno andaluz por decreto-ley entran hoy en vigor después de que ayer fueran publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las medidas, que suponen modificar más de 3.500 millones de euros del Presupuesto, se centran en el capítulo de gasto corriente, afectando especialmente a las nóminas y retribuciones de todo el sector público, sobre el que la Junta intensifica su control financiero. Los funcionarios sufrirán una reducción salarial media del 5% que saldrá de sus pagas adicionales de junio y diciembre. Los interinos verán reducir jornada y salario un 10%. Asimismo los altos cargos sufrirán un recorte algo mayor, del 7,5%. Estas medidas, según fija con claridad el decreto-ley, se aplicarán en todas las agencias públicas empresariales y también en el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y el Consejo Económico y Social de Andalucía. En estos últimos casos, lo tiene que fijar la Presidencia de la Junta. Están también afectados profesores, Universidades y SAS.
El decreto-ley se aprobará el próximo miércoles en el Parlamento y la Junta lo tramitará como proyecto de ley para mantener abierto el diálogo con los sindicatos. Los trabajadores están en pie de guerra y planean un intenso calendario de protestas. La norma publicada ayer modifica la Ley de Hacienda Pública -recientemente reformada para ejecutar la polémica reforma del sector público- para estrechar el control financiero de las agencias públicas y sociedades mercantiles participadas por la Junta. Se incorpora "una limitación en la adquisición de compromisos" por parte de estas agencias. "Se atribuye el control del cumplimiento de dicho límite a la Intervención General de la Junta", un cuerpo de élite integrado por funcionarios que rinden directamente a la Consejería de Hacienda.
Precisamente en el caso del presunto fraude con fondos públicos de Empleo, el llamado caso de los ERE, la jueza Mercedes Alaya cuestiona el procedimiento de concesión de ayudas a través de una empresa pública, la Agencia IDEA, por escapar a los controles que rigen en la Ley de Hacienda Pública. La propia Intervención alertó de que ese sistema era ilegal, pero no detectó el menoscabo de fondos públicos. El estrechamiento de los controles a la cuenta de las empresas públicas ya lo emprendió Hacienda hace dos años e incluso llevó a fichar en un sistema informático a todo el personal de estas empresas y a reconducir la omisión de datos que, en muchas ocasiones, estas empresas cometían en sus auditorías de la Cámara de Cuentas.La web de la Consejería de Hacienda presenta un inventario de 123 entes públicos. El dato se eleva hasta 390 atendiendo a las cifras oficiales del Ministerio. Al margen de esta intensificación de los controles, la Consejería de Hacienda da un mes de plazo a los entes del sector público para que ajusten los salarios de sus plantillas conforme a las reducciones para el personal de la administración. Pero no fija cómo debe hacerse respecto a la masa salarial, más allá de dejar claro que el personal directivo deberá reducirse el sueldo "con un mínimo del 6%". El presidente de la Junta y los consejeros cobrarán un 7,5% menos (63.808 y 62.800 euros). Los viceconsejeros un 6,5% y los directores generales un 6% menos. La instrucción que da Hacienda al sector público especifica que "la distribución definitiva de esta reducción se llevará a cabo en el correspondiente ámbito de la negociación colectiva".
Fuentes de la Consejería de Hacienda admitieron que en otras ocasiones sí se han dado directrices que han sido ignoradas.En cualquier caso, la Junta endurece su postura. Por ejemplo, la claúsula de temporalidad para estas medidas ("tienen carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta la finalización de 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren la senda de la normalidad[...]") no rige para el personal directivo del sector público andaluz, el pago de antigüedad y las indemnizaciones en las entidades instrumentales y consorcios así como para las indemnizaciones por extinción de contratos en las empresas públicas. Éste último punto señala que el personal funcionario o laboral fijo de las empresas públicas "no tendrá derecho a indemnización alguna por la extinción de su contrato laboral por desestimiento del empresario". Para todos los trabajadores se recortan un 10% los pluses de productividad y se suspende el pago de horas extras.
